Inversores vinculados a la operatoria del criptoactivo Libra presentaron una apelación contra la resolución que dio por cerrado la investigación y sobreseyó a los hermanos Javier y Karina Milei, junto a otros nueve imputados. Los reclamantes, que habían sido apartados del expediente, esperan que la Cámara Federal de Casación Penal se expida para restablecer formalmente su condición de damnificados.

La resolución apelada nació a partir de una solicitud del fiscal investigador Eduardo Taiano y dio por terminada la causa, al considerar que la conducta denunciada no encuadraba en ningún delito tipificado por el Código Penal. La primera maniobra recursiva fue presentada por Juan Patricio Marchetto, con el respaldo del diputado nacional Juan Grabois y del abogado Nicolás Rechanik. Con el tiempo se sumaron Martín Romeo, especialista en criptomonedas, y dos ciudadanos de nacionalidad bielorrusa que aseguran haber perdido unos dos millones de dólares; ambas partes contaron con la asesoría de Nicolás Oszust. El juzgado que corresponde deberá valorar la procedencia de estos planteos para, posteriormente, elevarlos a la Sala I de la Cámara Federal porteña.

En un escrito de 40 páginas, la defensa de Marchetto sostiene que la resolución genera un daño “irreparable” por una fundamentación que, a su juicio, resulta arbitraria. Señalan que se incurre en contradicciones al equiparar la “insuficiencia probatoria” con la “atipicidad” de los hechos, subrayando la diferencia técnico-jurídica entre no haber probado plenamente un delito y declarar que los hechos no revisten carácter penal.

Por su parte, la defensa de Romeo y de los inversores extranjeros pidió la nulidad absoluta tanto del dictamen fiscal como del propio sobreseimiento. Alegan que hubo una vulneración del derecho procesal de las víctimas a solicitar la revisión ante un fiscal de Cámara, previsto en el artículo 80, inciso j, del Código Procesal Penal Federal. Aducen que esa garantía tiene aplicación obligatoria en todo el territorio por decisión de la Comisión Bicameral del Congreso desde 2019, independientemente de que el trámite principal continúe regido por el código adjetivo anterior.

Entre las evidencias citadas para justificar la profundización de la pesquisa, destacan el contrato “Kelsier Group LATAM Agreement”, que contemplaba montos millonarios y mencionaba una “asociación indirecta con el gobierno argentino”. También mencionan registros telefónicos que dan cuenta de comunicaciones entre el trader Mauricio Novelli —imputado en la causa— y el jefe de Estado en torno al lanzamiento público del activo digital. Las querellas remarcan que el fiscal omitió el llamado a declaraciones indagatorias durante toda la instrucción.

Respecto a los peritajes, las partes mantienen cuestionamientos sobre su alcance y validez, y reiteran la necesidad de ampliar diligencias para esclarecer los hechos.