Una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California afea que OpenAI recolectó y utilizó información sensible de dos menores, de 12 y 16 años, a través de conversaciones con ChatGPT para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, sin el consentimiento parental válido. La queja, de 81 páginas, describe a ChatGPT como un sistema que adapta su lenguaje al usuario, busca premiarlo con elogios y mantiene el historial de charlas para fomentar que los menores sigan compartiendo datos personales.
Según el escrito, durante una interacción, una de las niñas reveló su edad, pero el chatbot continuó conversando sin derivarla hacia un adulto responsable ni suspender la conversación. El abogado principal de los demandantes, Paul Yetter de Yetter Coleman, señaló que, si fuera un caso similar en la vida real, habría una gran indignación ante tales prácticas.
Un rasgo inédito de la acción es su reclamo de responsabilidad financiera para los menores involucrados: en el marco de una acción de clase, los demandantes buscan que los menores reciban una participación accionaria en la empresa o una compensación en dinero proporcionada según la cantidad de información que se extrajo de cada uno. En paralelo, OpenAI habría estimado su valor en alrededor de 1,4 billones de dólares antes de salir a bolsa, según Bloomberg Law.
Andy Liddell, del EdTech Law Center, una de las firmas que impulsa la causa, comentó que la compensación económica podría incentivar a la empresa a reforzar la seguridad de sus productos para menores. En el escrito se sostiene que OpenAI operó durante años extrayendo grandes volúmenes de datos sensibles de millones de niños sin justificación, y que no había base legal para ese uso.
OpenAI respondió a la demanda negando las acusaciones y señalando que la acción no reconoce las protecciones específicas por edad que ya incorpora en sus productos. La compañía advirtió que el caso podría empujar a adolescentes a plataformas con controles parentales menos exigentes, lo que plantea riesgos adicionales.
La demanda de Hawái surge a apenas un día de que fiscales generales de varios estados —Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana— presentaran acciones legales separadas contra OpenAI. En estas quejas, las autoridades alegan engaño a los padres respecto a la seguridad de ChatGPT y vulneraciones a leyes estatales de protección al consumidor.
Entre tanto, las reglas de uso de OpenAI exigen consentimiento de un adulto para menores de 18 años y restringen el acceso a menores de 13. No obstante, la demanda en Hawái cuestiona que la verificación de ese consentimiento no se concede; basta con marcar una casilla que supuestamente afirma pertenecer a alguien mayor de 13 años. Esta controversia se suma a un panorama regulatorio cada vez más complejo para la compañía.
