Un informe al que tuvo acceso este jueves el presidente del Comité Provincial contra la Tortura, Andrés Giordamachi, indica que ya son 27 los internos diagnosticados con tuberculosis en establecimientos penitenciarios de Salta. En febrero, cuando el equipo visitó el penal de Villa Las Rosas (Unidad Carcelaria N° 1), solo había dos casos; hoy la mayoría de los contagios está concentrada en esa unidad, situada en la ciudad de Salta.

La divulgación de los datos se produjo tras la internación de un preso por la enfermedad. A partir de ese episodio se fueron sumando otros casos, y con la intervención del Ministerio de Salud Pública se inició una etapa de evaluaciones médicas de las personas privadas de libertad en esas unidades. Aun así, no existe, por ahora, un protocolo de detección y actuación ante TB, tal como lo confirmaron Giordamachi y Lorena Babicz, defensora pública del distrito judicial de Tartagal.

Babicz había planteado un pedido de libertad para uno de los ocho imputados por robo de maíz en una finca de Coronel Cornejo, en el departamento San Martín, citando el riesgo de contagio si permanecía preso. El hombre fue detenido el 22 de septiembre y liberado el 28 de ese mes, con la condición de someterse a exámenes y tratamiento posteriores. Según la defensora, el individuo declaró haber tenido tuberculosis en la infancia, pero afirmó no haber recibido tratamiento.

Tanto Giordamachi como Babicz enfatizaron la ausencia de un protocolo ante casos de TB. Tampoco hay detección temprana mediante exámenes específicos. El titular del Comité recordó que la única experiencia previa similar se dio durante la pandemia de COVID-19, cuando se activó un protocolo, aunque centrado principalmente en el régimen de visitas.

Con la llegada del Ministerio de Salud y la apertura de labores de detección para frenar la expansión del mal, se abre la posibilidad de diseñar un protocolo conjunto con el Ministerio de Justicia, dependiente de los penales. Sin embargo, Giordamachi advirtió que ahora se enfrenta la inminente temporada de dengue, y que el compromiso de la autoridad es disponer de un protocolo una vez pasada la crisis sanitaria provocada por el mosquito.

Por otra parte, la Fiscalía de Derechos Humanos informó que se levantó el aislamiento preventivo de 40 internos de la sección masculina de la Alcaidía General, tras las evaluaciones médicas correspondientes. La fiscalía, a cargo de Claudia Geria, continúa con las actuaciones iniciadas de oficio para verificar la situación sanitaria de las personas privadas de libertad, en el marco de una causa abierta a partir de publicaciones periodísticas que alertaron sobre posibles casos de tuberculosis en los establecimientos.