El Gobierno de Chile sostiene que revertir las rebajas de condena otorgadas a 56 delincuentes sexuales contra menores resulta muy complejo, mientras persiste la polémica por la posible destitución del ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable de tramitar esos beneficios.

La situación se intensificó cuando Rabat afirmó que la mayoría de los beneficiados podría haber salido de prisión, sin detallar cuántos de los condenados en cuestión dejaron la cárcel. También recordó que la ley vigente no obliga a notificar a las víctimas sobre procesos de liberación.

El vocero presidencial, Gonzalo Arenas, explicó que el mandatario José Antonio Kast pidió explorar todas las vías posibles para intentar revocar las rebajas, manteniendo a Rabat en su puesto. El Gobierno aseguró que se están buscando medidas para evitar que una situación similar se repita, y adelantó la elaboración de un proyecto de ley para cerrar un vacío legal reconocido por la jurisprudencia.

Las medidas surgieron tras una investigación de Interferencia que reveló los 56 decretos de rebaja, de los cuales 27 correspondían a condenados por abuso sexual y 29 por violación contra menores. Los beneficios fueron tramitados por la administración actual entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, amparados en una normativa que autoriza reducciones de penas anualmente, a través de un listado gestionado por Gendarmería para verificar quién cumple los requisitos.

Sobre la vía para revertir la situación, el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados impulsan tres proyectos de ley. El primero, de discusión inmediata y presentado por el Presidente, propone modificar una norma de 2022 que impide rebajas por delitos sexuales contra menores, estableciendo que la regla se aplica independientemente de cuándo ocurrió el delito. El segundo, impulsado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, apunta a eliminar una excepción técnica del Código Penal que permitía a violadores y abusadores postular a rebajas y endurece los criterios para fundamentar el beneficio. El tercero, de la diputada Ximena Ossandón, propone una reforma constitucional para que cualquier beneficio carcelario para delitos sexuales se evaluate conforme a la ley vigente al momento de la solicitud y establece la anulación automática de las rebajas otorgadas.

Rabat afirmó que, por ahora, se analiza la vía administrativa, la cual estará muy condicionada a lo que surja con esas dos mociones parlamentarias. Arenas añadió que ese es el principal desafío que enfrenta el Gobierno para encauzar la situación.