La sesión nocturna dejó en claro las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto de las medidas para enfrentar el endeudamiento de los hogares. La moción impulsada por Silvana Giudici, diputada de La Libertad Avanza, terminó aprobada por 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones, lo que llevó a que no se votara el contenido del proyecto en ese momento y se envíe a comisión para un análisis posterior.

El debate giró en torno a dos enfoques. Por un lado, el dictamen respaldado por La Libertad Avanza y respaldado por aliados del PRO y la UCR buscaba reforzar la transparencia en la entrega de créditos, ampliar el acceso a la información y promover la educación financiera como herramientas para evitar fraudes. Por otro, las iniciativas de la oposición proponían medidas concretas para mitigar la carga de deudores con mayores dificultades de pago.

El proyecto oficial, denominado Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores, proponía establecer normas uniformes para prestamistas y demandantes de crédito. Sus puntos clave incluían la obligación de divulgar con claridad las condiciones de los préstamos, la posibilidad de precancelar deudas, la trazabilidad de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo de los usuarios en bancos y plataformas.

Durante la presentación del dictamen, el diputado libertario Santiago Pauli defendió la iniciativa como una vía para mejorar el acceso al crédito, pero subrayó que no contemplaba topes para tasas de interés ni un régimen extraordinario de refinanciación para deudores en situación crítica.

La postura opositora proponía una intervención más incisiva. La propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica contemplaba declarar una emergencia por 180 días y establecer un régimen voluntario de regularización para deudores con atrasos superiores a 60 días. Entre sus herramientas figuraban la refinanciación de obligaciones en al menos 12 cuotas, con un tope del 30% de los ingresos mensuales para los pagos, y el acceso para deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalente a 3.265.010 pesos según los valores discutidos durante el debate. También se mencionaban límites a intereses compensatorios y la posibilidad de condonación total de parte de los intereses.

En síntesis, la votación no dio el aval necesario para avanzar con ninguno de los caminos propuestos en ese momento, y el tema quedó en manos de comisiones para su posterior tratamiento.