El Gobierno respondió con tono comedido a las señales de preocupación que dejaron trascender enviados de la administración de Donald Trump respecto de cuánto podría afectar la futura ley de soberanía de Malvinas a compañías estadounidenses. En la sede diplomática, durante una rueda de prensa en el Palacio San Martín, el segundo al frente del Departamento de Estado, Christopher Landau, señaló que Washington está atento a los intereses de sus empresas, que es natural que cualquier país se preocupe por ello, y remarcó que respetan el proceso legislativo argentino.
En la Casa Rosada, la réplica oficial se centró en la segunda mitad de esa idea: se destacó el compromiso de respetar el proceso legislativo argentino y se dejó de lado cualquier presión para modificar el proyecto. Sin embargo, un alto dirigente de la cúpula violeta aportó una lectura más amplia, entre risas para restar relevancia al mensaje de Landau. “Dijo lo obvio: Estados Unidos defiende sus intereses, como cualquier país, y además afirmó que respeta la evolución del proceso en Argentina. ¿Qué más se puede pedir?”, comentó.
Desde el oficialismo se insistió en que la ley de soberanía protege los recursos argentinos en Malvinas y que, para operar en el país, las empresas deben cumplir la normativa local. “La norma está para salvaguardar recursos nacionales; las compañías que quieran hacerlo deben acatar la ley argentina”, afirmó un dirigente de alto rango, quien pidió mantener la reserva de su identidad.
Poco después de aquella conferencia, Santiago Caputo, autor del proyecto, compartió la sigla “TMAP” (Todo Marcha Acorde al Plan) en alusión a una publicación con imagen en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró su posterior encuentro con Landau. Caputo, más conocido por sus funciones como asesor presidencial, se sumó a la mesa de Economía para intercambiar con los delegados de Rubio. En el Gobierno dijeron que su participación respondió a su condición de asesor, pero no precisaron si se trató alguna conversación sobre Malvinas; aclararon que no había información al respecto y luego posaron para una foto junto a la delegación, sin Quirno presente.
El episodio tiene un antecedente inmediato: el 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la ONU, Washington pidió disolver el Comité de Descolonización, el foro en el que Argentina reclama anualmente la soberanía del archipiélago. El vocero Adrián Ravier confirmó que la postura argentina estaba en revisión, e incluso no descartó cambios en la ley durante el debate parlamentario, según informó Infobae. En esa línea, el Gobierno afirmó que, más allá de las miradas externas, avanza con el marco normativo que considera necesario para defender los intereses del país.
