El 5 de octubre de 2026, FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi) presentó ante la Justicia Comercial una solicitud de concurso preventivo de acreedores. La aerolínea llevaba casi dos meses sin volar, con tres aviones inmovilizados en el país y otros diez ya devueltos a sus arrendadores. El pasivo declarado en ese momento asciende a más de 4.000 millones de pesos en deudas y reclamos identificados; al sumar intereses y costas de embargos, la cifra podría trepar a unos 4.600 millones, aunque el expediente admite que ese monto no representa el pasivo total.

Entre los principales acreedores figuran dos entidades estatales: la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y Intercargo, encargadas de la navegación y de servicios de rampa, respectivamente. Flybondi, que se autodefinía como muestra de eficiencia del sector privado, debía obligaciones a estas sociedades públicas, que en la versión oficial del relato estatal se presentan como ineficientes y objeto de venta.

El impacto humano del colapso va más allá de lo financiero. Según Failbondi, en 2026 la aerolínea canceló aproximadamente 2.400 vuelos y dejó sin viajar a unas 383.000 personas. Además, la empresa no estaría realizando reembolsos desde enero; si se toma como base un mínimo de 50 dólares por pasajero-tramo, la deuda por devoluciones podría superar los 19 millones de dólares.

Los números del regulador ratifican la magnitud de los perjuicios. Adventus, entre junio de 2025 y mayo de 2026, reportó más de 2.500 vuelos cancelados y más de 350.000 pasajeros varados. En contraste, Aerolíneas Argentinas registró 89,77% de puntualidad y 0,56% de cancelaciones; JetSMART, 90,13% y 0,32%. A&EANA e Intercargo siguieron prestando servicios de navegación y de rampa sin cobrar, lo que cuestiona la premisa de que lo privado es más eficiente que lo estatal.

En agosto, la situación se volvió aún más crítica: Flybondi canceló el 80% de los vuelos programados y su sitio web quedó fuera de servicio. La ANAC autorizó la continuidad de las operaciones bajo un régimen de supervisión intensiva, al tiempo que el organismo acumulaba sanciones; cuatro cheques rechazados por 559 millones de pesos figuran en la Central de Deudores del BCRA, y más de 700 ex trabajadores reclamaban indemnizaciones impagas ante el SECLO, sumados a otros 300 que permanecen sin cobrar y que se encontraban en la calle.

En este marco, apareció un sindicato de empresa creado ad hoc, vinculado a dirigentes que respaldaron políticas neoliberales del Gobierno y que, según el análisis, fue utilizado para sostener a los trabajadores ante las condiciones impuestas. Se intentó acercarlo a los gremios formales, pero la maniobra terminó por quedar aislada.