El oficialismo se dirige a aprobar en Diputados un proyecto de ley destinado a regular la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos, en un intento por desactivar uno de los frentes políticos más sensibles para la gestión de Javier Milei.

Después de una serie de reuniones a contrarreloj y de negociaciones que se extendieron durante la sesión, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y del peronismo.

Con la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado al frente de las negociaciones, coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem, se fue difundiendo temprano el borrador del dictamen, al que se le fueron introduciendo numerosos ajustes a medida que avanzaba la megasesión de este miércoles.

En un giro inesperado, Machado y la libertaria Giselle Castelnuovo activaron el diálogo con representantes de UP, entre ellos Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever la intención de apoyar el dictamen si se incorporaban ciertos cambios.

La bancada que conduce Germán Martínez enfrentó la disyuntiva de respaldar una propuesta que finalmente recoge los reclamos del movimiento de discapacidad, el cual esta tarde expresó su aval a la iniciativa oficialista.

Hasta ayer, el sector apuntaba a prorrogar la emergencia en discapacidad que sostenía UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. Sin embargo, al incorporar las correcciones solicitadas por el colectivo, la propuesta recibió respaldo, obligando a quienes eran más críticos a reevaluar su estrategia.

Entre las modificaciones más destacadas, el proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la evaluación socioeconómica y la prohibición de ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

El texto mantiene vigente la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. Si las partidas del Ministerio de Salud no alcanzaran, se podrá recurrir a fondos del Tesoro. También se busca que los recursos por beneficiario conserven su poder de compra ante la inflación.

Un eje central es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizarla, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigor de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que ascienden a unos $278.323 millones, un reclamo explícito de Pro.

En lo que respecta a las pensiones por invalidez, la propuesta plantea garantías para todos sus beneficiarios, aunque los detalles finales quedaron por definirse en el dictamen definitivo.