El viernes por la noche, el Gobierno anunció la inclusión de cinco agrupaciones vinculadas al narcotráfico en Latinoamérica dentro de la calificación de “grupos terroristas”. La medida, que se plasmó este jueves en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 5/2026, lleva la firma del presidente Javier Milei y alcanza a organizaciones originarias de México, Colombia y Ecuador: el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP y ELN colombianas, y Los Tiguerones de Ecuador.

En el comunicado oficial se describe al Cártel de Sinaloa como una organización transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros y extorsiones, señalando que ya fue identificado como grupo terrorista por otros países, incluido Estados Unidos. En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, se enfatiza su actividad en el tráfico internacional de drogas y en la minería ilegal. Por su parte, Los Tiguerones son destacados como una de las agrupaciones más violentas de la región.

Las guerrilleras FARC-EP y ELN, de Colombia, se presentan como movimientos insurgentes de izquierda, anclados en ideología marxista-leninista y en prácticas de lucha armada.

Además de la designación, el Gobierno informó la incorporación de estas bandas al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta decisión se tomó de manera coordinada entre Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La medida surge en un contexto regional de cooperación internacional contra el narcotráfico. En octubre pasado, Estados Unidos creó en Argentina una unidad regional de la INL (Office of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, autorizando un fondo mayor a US$13 millones. De ese total, US$7,5 millones se destinarán a proyectos en Argentina, mientras que US$5,85 millones se orientarán a iniciativas para la región, con participación argentina.

La presentación de la iniciativa contó con la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Terry Cole, director de la DEA en Estados Unidos.