En una rueda de prensa realizada en el Palacio San Martín, el viceministro de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, comunicó que su país “está muy alineado” con Argentina en torno a varias cuestiones, y señaló que observa con interés la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la cual podría imponer sanciones a firmas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, incluidas empresas estadounidenses.
Del otro lado, el canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que la reclamación de soberanía sobre Malvinas es innegociable y afirmó que la posible desaparición del Comité de Descolonización de la ONU (C-24) no afectaría la postura argentina, al tiempo que reconoció que ese foro es de interés para presentar anualmente el reclamo.
Consultado sobre si Washington plantea disolver el foro en el que Argentina sostiene su reclamo desde 1965 y si existe incomodidad por el alcance de las sanciones contempladas por el proyecto oficialista, Landau respondió que la administración de ese momento impulsa una reforma de Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no ha generado avances significativos”. Añadió que no debe confundirse una reforma orientada a agilizar la operación de la ONU con un tema sustantivo concreto.
El funcionario señaló además que el comité ha asumido posturas consideradas radicales en temas como Puerto Rico y otros, lo que para Estados Unidos no ayuda a ciertos debates actuales.
Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, Landau afirmó que “las leyes argentinas son asunto de las autoridades argentinas” y que Estados Unidos “observa con interés los intereses de sus empresas”, subrayando que es natural que cualquier país vele por sus intereses empresariales.
Como contexto, circulan trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca expresaron al gobierno argentino una preocupación por el alcance de las posibles sanciones previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían abarcar no solo a las compañías que operan directamente en Malvinas, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados a actividades hidrocarurríferas sin autorización argentina.
Quirno defendió la iniciativa, sosteniendo que la legislación vigente no otorga las herramientas necesarias para defender los intereses en Malvinas y que la nueva propuesta busca ampliar esas capacidades. Aclaró que la norma no va dirigida contra ninguna empresa en particular y que pretende ofrecer a las compañías opciones claras: operar desde el continente argentino, donde el potencial es mayor, o mantener operaciones bajo el marco de la normativa correspondiente.
