Buenos Aires, 21 de octubre (NA) — La Cámara de Diputados dio un paso clave para tipificar como delito el vandalismo en áreas rurales, estableciendo sanciones que pueden llegar a 10 años de prisión por intrusión y ataques al sistema productivo agropecuario.

El dictamen de mayoría fue respaldado por 162 legisladores, mientras que 77 votaron en contra y una abstención, la del diputado Luis Basterra (Unión por la Patria). Las modificaciones adoptadas durante el debate fueron acordadas entre el autor de la iniciativa, Martín Ardohain, y el legislador massista Ramiro Gutiérrez, motivo por el cual varios diputados apoyaron la propuesta en general.

La iniciativa recibió el apoyo de diversas fuerzas: Libertad Avanza, PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo. En sentido contrario votaron principalmente las bancadas de UxP, la izquierda e Independencia.

Entre los aspectos normativos, el proyecto establece que quien ingrese a un establecimiento rural o a sus dependencias sin la autorización correspondiente podría recibir una pena de prisión de entre 1 mes y 1 año. Si la entrada constituye un obstáculo sustancial para el desarrollo de la actividad productiva o pone en riesgo la vida o la integridad física de las personas presentes, o la sanidad de los animales o cultivos, la pena podría aumentar hasta 2 años, siempre que no exista otro delito de mayor severidad.

Otra previsión prevé prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces el valor del daño para quien destruya elementos clave del proceso productivo, como silobolsas o productos agroindustriales.

Además, la sanción sube a 10 años cuando tres o más personas actúen coordinadamente y se produzca la pérdida total de la producción en curso o la interrupción del ciclo productivo, su transporte o la comercialización.

En versiones presentadas por Ardohain, se destacó que el texto cubre vacíos legales que no contemplaba el Código Penal vigente, al incluir daños a instalaciones y equipos como silobolsas, pantallas solares, bombas sumergibles y sistemas de riego. Ardohain sostuvo que derechos y seguridad de la explotación quedan fortalecidos, mientras que Gutiérrez afirmó que el país necesita incorporar este tipo de delito de manera expresa. Por su parte, Capozzi (Provincias Unidas) valoró que el proyecto cubre un vacío legal fundamental al tipificar actos de vandalismo, robo, hurto y usurpación como delitos.