En una sesión maratónica que se extendió durante la madrugada, la Cámara de Diputados dio paso a la Ley de Discapacidad con una votación amplia: 237 afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. La iniciativa, impulsada desde el oficialismo, apunta a reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente y mantiene, entre otros aspectos, los beneficios que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre esos beneficios figura la posibilidad de compatibilizar la pensión no contributiva con un empleo formal, bajo ciertas condiciones, así como disposiciones sobre prestaciones y cobertura de salud.

La aprobación generó un clima de celebración entre legisladores de distintos bloques, que destacaron el hecho de haber logrado un consenso. Uno de los primeros en expresarlo fue el jefe del bloque de libertarios, Gabriel Bornoroni, quien sostuvo que la aprobación ofrece una respuesta clara y duradera a las personas con discapacidad y a sus familias, sin depender de emergencias o leyes temporales. A la vez, remarcó que hubo un “consenso amplio” entre las distintas fuerzas, aunque cuestionó a quienes se vinculan con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, señalando que no aportaron propuestas, y que votaron en contra como un giro político.

La diputada Patricia Vásquez (LLA) remarcó que, al dejar de lado disputas ideológicas, se alcanza un consenso necesario para la gente, afirmando que ya no habrá emergencias y que se ganaron certezas. Por su parte, Gerardo Huesen (LLA) reclamó terminar con el uso político de la discapacidad y enfatizó que la población necesita respuestas concretas y derechos que perduren.

Karen Reichardt, también de LLA, caracterizó el proyecto como un marco estable de protección, aludiendo a pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo requieren y a sus familias. Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz afirmó que la oposición logró modificar un dictamen que, a su juicio, quedaba incompleto y dejaba fuera derechos fundamentales. Detalló que los cambios incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el empleo formal, además de cambios en financiamiento, participación provincial, mecanismos ante reducciones de prestaciones y pagos a prestadores.

Tolosa Paz subrayó que estas modificaciones fueron fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defienden los derechos de las personas con discapacidad, y añadió que la discusión no termina ahí: insistió en que la garantía de derechos también exige presupuesto y voluntad política para hacer efectivos esos derechos.