En La Pampa, integrantes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados afirmaron que autoridades del área de Niñez obstaculizaron las entrevistas previstas para revisar actuaciones administrativas y, en consecuencia, elevaron una presentación al gobernador Sergio Ziliotto luego de una jornada en la que no hubo declaraciones ante el cuerpo.

El episodio habría tenido lugar el martes 20 de octubre, cuando el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, concurrió a la Legislatura acompañado por funcionarios de su dependencia. El enfrentamiento se centró tanto en la presencia de los equipos técnicos como en la modalidad de las entrevistas.

Las legisladoras sostuvieron que habían programado reuniones institucionales individuales, mientras que las autoridades habrían buscado responder de manera conjunta. También señalaron que los equipos profesionales convocados no se presentaron, aduciendo razones vinculadas al secreto profesional. Esa versión forma parte del comunicado difundido por la comisión.

Desde el Gobierno aportaron una interpretación distinta: indicaron que la convocatoria había sido conjunta y que los técnicos, dentro de su régimen de empleo público, no podían ser interpelados como si fueran ministros. Además, subrayaron la confidencialidad de las intervenciones y la existencia de actuaciones sometidas a control judicial.

Bonino afirmó que corresponde a los responsables políticos y jerárquicos responder por el trabajo del área y recordó que ya había remitido un informe por escrito, respaldando la actuación de los profesionales. La postura oficial rechazó que la negativa a presentar a los equipos técnicos en las condiciones mencionadas configurara una obstrucción.

La comisión investiga procedimientos administrativos vinculados al retiro de un bebé de una familia de contención de Rancul, antes de su entrega a otra familia para iniciar un proceso de adopción. Integran la investigación las diputadas Sandra Fonseca, María Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara.

Esta pesquisa parlamentaria debe distinguirse de la esfera penal. Un dictamen de la fiscal adjunta Anabella Libertad Kletzel, difundido el 20 de octubre, descartó elementos que acrediten delitos, malos tratos o uso ilegítimo de la fuerza en el procedimiento denunciado. La fiscal delimitó su intervención a posibles delitos, sin evaluar el mérito de las decisiones civiles sobre protección y adopción.

Tras el desacuerdo, las integrantes de la comisión se dirigieron al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para plantear la situación a Diego Álvarez. Según difundido, no fueron recibidas porque el ministro no estaba presente. Posteriormente, formalizaron el reclamo dirigido a Ziliotto.