Cerca de medio siglo después de los flagelos de la represión, Río Cuarto y el sur de Córdoba afrontan su primera gran audiencia oral por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal N°1 de la provincia dio inicio al proceso contra 20 ex integrantes del Ejército y de las policías Federal y provincial, imputados por secuestros, torturas, asesinatos y abusos sexuales cometidos entre 1975 y 1978. Las víctimas, aproximadamente 70 personas, incluyen estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

La particularidad del caso radica en que la investigación se concentra en la red represiva que operó en el sur cordobés, con especial atención a la intervención de dependencias de la Policía Federal y de la Policía de Córdoba. Por primera vez, los acusados serán juzgados por estos hechos, y la acusación apunta a demostrar la forma en que distintas fuerzas, servicios de inteligencia y autoridades militares coordinaban sus acciones para el control territorial de la región.

El debate estará a cargo de la jueza Carolina Prado, presidenta del TOF, junto a las magistradas María Noel Costa y Julián Falcucci. La investigación principal, cuya elevación a juicio fue remitida en junio de 2025 por los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, abarca 63 hechos que afectaron a 70 víctimas; la mayoría de los delitos ocurrió en Río Cuarto, con algunos casos sumados de otras causas para verse en el mismo proceso.

Los 20 acusados que llegan a la audiencia –eran 24 originalmente, pero cuatro fallecieron o quedaron excluidos por cuestiones de salud– deberán responder por su participación en secuestros, torturas, homicidios, abusos sexuales y violaciones. Los hechos investigados se remontan a antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y se prolongan hasta finales de 1978.

En la primera audiencia, la secretaria del tribunal leyó los requerimientos de elevación a juicio. Los imputados asistieron a la apertura, algunos de modo presencial y otros por teleconferencia; hubo un detalle fuera de la sala: Juan Eduardo Molina estuvo presente, pero sufrió un episodio de presión alta y tuvo que ser derivado para atención médica. Ninguno de los imputados aportó nueva información; varios negaron las acusaciones.

Un eje central del proceso será reconstruir los lugares que funcionaron como centros de detención y tortura en la ciudad. La acusación señala una característica del aparato represivo regional: dependencias estatales, que en apariencia operaban como instituciones legales, fueron utilizadas para ejecutar y encubrir las detenciones y las torturas, dentro de la lógica de control territorial que rigió esa etapa.