Los representantes del Banco Central (BCRA), encabezados por la presidencia de Santiago Bausili, y la fiscalía federal Ana Russo presentaron un recurso ante la Cámara Federal de La Plata para revocar la decisión del juez Ernesto Kreplak. El magistrado había frenado una imposición sancionatoria de carácter millonario contra Karuna Group, una agencia de cambios con lazos con figuras del massismo, en el marco de las pesquisas por operaciones con el dólar paralelo durante el cepo cambiario.
En la denuncia, los letrados del BCRA calificaron el fallo como “escandaloso” y señalaron que el juez incurrió en un desvío de normas y procedimientos que, sostienen, tiene gravedad institucional. Kreplak, además de ser hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, negó las multas contra Karuna Group y sus directivos, argumentando que las conductas investigadas no configuraban las infracciones atribuidas y que el procedimiento vulneraba garantías constitucionales.
Entre las garantías citadas por el juez figuran principios como legalidad, presunción de inocencia y non bis in idem, que impiden sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho. El fallo dejó en claro esa posición respecto a Karuna Group, que integra además al ex concejal massista Carlos Emilio Melzi.
La resolución abre una nueva línea en las investigaciones sobre maniobras con el dólar blue durante el periodo de cepo cambiario implementado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Karuna Group forma parte de una batería de alrededor de 50 financieras y agencias de cambio sometidas a análisis por presuntas operaciones irregulares que habrían aprovechado la brecha entre el dólar oficial y el paralelo.
En particular, el sumario administrativo cuestionó la adquisición de 1,6 millones de dólares realizada a Stema Cambios SA entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2023, para luego ser revendidos por Karuna Group a Soy Vos SAS mediante cuatro operaciones de 400.000 dólares cada una.
Para Kreplak, las operaciones investigadas no justificaban la imposición de las sanciones reclamadas por el BCRA. Los abogados de la entidad sostienen, en cambio, que el juez interpretó de forma errónea el alcance de la imputación y omitió analizar las obligaciones de control que debe ejercer la agencia. El recurso argumenta que la venta de efectivo de las divisas impide la trazabilidad y obliga a la entidad a reforzar controles sobre el origen y destino de los fondos antes de facilitar operaciones de cambio.
“Pese a la claridad de la imputación planteada por la Institución, el magistrado decide hacer caso omiso de la misma, en un fallo que evidencia un apartamiento normativo y procesal de gravedad institucional”, sostienen los abogados del BCRA en la apelación. El organismo mantiene que corresponde exigir información adicional y revisar el cumplimiento de las obligaciones de control para evitar accesso indebido al mercado de cambios.
