Este miércoles, la Presidencia informó que el Gobierno argentino identificó como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, a las FARC-EP, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a La Nueva Familia Michoacana y a Los Tiguerones, y las inscribió en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La medida responde a la política del Ejecutivo de combatir el terrorismo y el crimen organizado transnacional, y se adoptó con la colaboración y coordinación de la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Entre las agrupaciones alcanzadas se encuentra el Cártel de Sinaloa, al que el Gobierno lo definió como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros y otras actividades delictivas. El comunicado oficial agrega que ese grupo ya había sido designado como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, en línea con el compromiso argentino de avanzar en la lucha contra el narcoterrorismo.

La resolución también incluye a La Nueva Familia Michoacana, descrita oficialmente como una organización mexicana que opera en el tráfico internacional de drogas y en la minería ilegal, con una notable expansión regional.

En Ecuador, la acción alcanzó a Los Tiguerones, según la Casa Rosada, un cártel que se especializa en narcotráfico y sicariato y que figura entre las agrupaciones más violentas de la región. Este grupo se habría separado de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como terrorista por Argentina en agosto de este año.

Asimismo, quedaron incorporadas las FARC-EP y el ELN, descritos como guerrilleras insurgentes de izquierda, con una base ideológica en el marxismo-leninismo y una historia de acción armada. El Gobierno subrayó que la capacidad operativa y la expansión regional de estas redes, con estructuras susceptibles de proyectar sus actividades hacia Argentina, constituyen un riesgo que trasciende la criminalidad local y pone en juego la seguridad nacional.

La inclusión de estas organizaciones al RePET se formalizó como parte de una decisión tomada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la SIDE.