El Ministerio de Economía autorizó a Toyota Argentina a ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto denominado “Planta para la producción de vehículos electrificados”, destinado a su complejo industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires. La medida quedó plasmada en la Resolución 1848/2026 y fue publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Luis Caputo.

El plan contempla ampliar la capacidad de la planta situada sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 81, mediante la construcción y operación de una tercera unidad de producción para la fabricación de un nuevo vehículo híbrido eléctrico no enchufable. En su etapa inicial, el programa prevé una pickup, con la posibilidad de desarrollar más adelante una versión tipo SUV. El sistema de propulsión será 100% híbrido (HEV), una tecnología que, según la resolución, no cuenta actualmente con antecedentes de producción local.

La presentación la realizó Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada, figura creada por la compañía para este proyecto, conforme al procedimiento aplicable a la ampliación de un proyecto preexistente no adherido al régimen. Por ese motivo, los beneficios del RIGI se aplicarán exclusivamente a la producción de la nueva planta. La firma debió demostrar contabilidad separada de su casa matriz y describir un sistema de monitoreo y trazabilidad que garantice esa separación operativa y financiera.

Del plan surge que la firma destinará US$669.584.796 al desarrollo de proveedores locales para obra y equipos, lo que representa el 53% del total de la inversión. Esta proporción supera holgadamente el mínimo del 20% exigido por la normativa.

Para los dos primeros años desde la notificación, la empresa se comprometió a invertir US$19,5 millones en el primero y US$147,75 millones en el segundo, totalizando US$167,25 millones. Con ello se supera el umbral del 40% del monto mínimo que establece la Ley 27.742. La fecha límite para completar la inversión mínima es el 30 de septiembre de 2028.

En el análisis participaron distintas entidades. El Tribunal de Defensa de la Competencia señaló que la ampliación no presenta elementos que indiquen distorsión de la competencia en el mercado local, destacando una capacidad productiva con orientación exportadora de alrededor del 70% y señalando que no desplaza a competidores. Indicó, asimismo, que el segmento de pickups medianas-grandes continúa moderadamente concentrado, con dos actores de escala similar y un contexto de renovación tecnológica y entrada de nuevos oferentes.

También emitieron opinión el Banco Central (BCRA), que no formuló observaciones sobre cuestiones cambiarias, y la Procuración del Tesoro de la Nación, que respaldó el mecanismo de resolución de disputas propuesto por la empresa. El Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó la aprobación del expediente.