La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó a la Argentina una prórroga para presentar sus argumentos ante el recurso de revisión interpuesto por los demandantes en el proceso por la expropiación de YPF. Con esta medida, el Gobierno nacional tiene ahora tiempo hasta el 2 de diciembre para responder ante el máximo tribunal.
La ampliación fue comunicada por Sebastián Maril, especialista que sigue de cerca los litigios entre Argentina y la justicia norteamericana. Según explicó, el 30 de septiembre los demandantes presentaron un pedido de revisión del fallo de la Corte de Apelaciones que había eximido a Argentina de pagar alrededor de 16 mil millones de dólares. El Gobierno había quedado con un plazo hasta el 2 de noviembre para responder y solicitó más tiempo. “Es completamente normal. La Corte Suprema hoy le otorgó esa extensión hasta el 2 de diciembre”, afirmó Maril.
Esta prórroga no implica una resolución sobre el fondo de la disputa. Lo que resta definir es si la Corte Suprema aceptará o no revisar el caso, una decisión que depende exclusivamente de sus jueces. Sobre esa cuestión, Maril señaló que el expediente de YPF es “muy complejo” y que podría tener una oportunidad mayor de lo que algunos esperan para ser aceptado.
La extensión llega poco después de que la jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, cerrara formalmente la instancia de primera instancia. La magistrada dejó sin efecto su fallo de 2023 y acató lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. Fuentes de la Procuración del Tesoro indicaron a Infobae que se trata de un trámite esperado por el Gobierno: “Sería la finalización de la instancia, un proceso meramente formal, porque el fallo ya fue revertido en la Cámara de Apelaciones”.
El litigio se originó en la expropiación de YPF, ejecutada en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner. Los fondos Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculados a la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park demandaron a la República Argentina, sosteniendo que la expropiación vulneró el estatuto de la petrolera al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios. Burford Capital financia la causa y adquirió los derechos de los exaccionistas.
En 2023, Preska condenó a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares. Con intereses, ese monto superó los 18.000 millones. Argentina apeló y el 27 de marzo de este año la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa condena, con la firma de Denny Chin y Beth Robinson y la disidencia de José Cabranes. La Cámara sostuvo que la ley argentina de expropiación prohíbe demandas de terceros que interfieran en el proceso expropiatorio.
