El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema diseñado para financiar las indemnizaciones por despido que surgió con la reforma laboral, recibió cambios de último momento que fueron respaldados por las partes involucradas. Por un lado, el sector financiero celebra la extensión de plazos para aplicar el sistema y acumular fondos; por el otro, el Gobierno busca evitar que las facilidades del FAL se utilicen para despedir trabajadores durante la campaña electoral, en un contexto de menor creación de empleo formal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó un decreto que modifica la reglamentación del FAL tras un acuerdo con el sistema bancario. Las dos modificaciones centrales son: 1) la fecha de entrada en vigencia del sistema se posponga del 1° de noviembre al 1° de diciembre; 2) el periodo de carencia, que antes era de 6 meses, pasa a ser de 12 meses. Durante ese año inicial, las empresas deben aportar al FAL pero no pueden utilizar los fondos para pagar indemnizaciones. Se espera que, al terminar ese periodo, la masa de recursos esté suficientemente alineada para afrontar futuras indemnizaciones.

Uno de los miedos históricos de quienes se oponen al FAL es que el mecanismo incentive despidos en sectores con mayor pérdida de empleo. En la práctica, para las empresas -grandes o pymes- el costo de despedir no se incrementa, ya que el aporte pasa a ejecutarse dentro del FAL elegido por cada empleador, reduciendo la presión incremental sobre el coste inmediato de una desvinculación.

Previo a estos ajustes, el plan indicaba que las compañías podrían utilizar el fondo para indemnizaciones a partir del 1° de mayo de 2027. Con las nuevas reglas, la posibilidad de recurrir al FAL para despidos queda fijada para el 1° de diciembre del año próximo, circunstancia que coincide con un periodo electoral cuyo desenlace está ligado a la reelección de Javier Milei.

Además, fuentes al tanto de la negociación señalaron que habrá un beneficio fiscal. Caputo mantendrá la recaudación de noviembre en efectivo y comenzará a girarla al FAL a partir de diciembre. Bajo el esquema vigente, las grandes empresas destinarán el 1% de sus cargas sociales al Fondo, mientras las pymes contribuirán con un 2,5%. Ese flujo, que anteriormente recaía en la ANSES y ahora se canalizará hacia inversiones en el mercado de capitales, se estima en un rango de entre 250.000 millones y 300.000 millones de pesos mensuales.

Una fuente cercana a las conversaciones afirmó: “La solución cierra para todos”. Desde la perspectiva del Gobierno, se gana un mes de recaudación adicional y se reduce el riesgo de despidos masivos durante el año electoral. Para bancos y casas de bolsa, el decreto otorga más tiempo para implementar la compleja logística del nuevo sistema. Además, el texto buscó ampliar la capacidad operativa inicial del FAL durante un año.

En suma, los cambios buscan equilibrar financiamiento, evitar recortes masivos en un año sensible y darle consistencia operativa al FAL antes de que entre en plena fase de implementación.