El gobierno del Reino Unido publicó una guía oficial destinada a respaldar la actividad económica legítima en las Islas Malvinas y a descartar cualquier derecho de Argentina para ejercer jurisdicción sobre empresas que operan en el archipiélago. Se trata de la primera respuesta formal y directa del gobierno británico a las sanciones y advertencias impulsadas por el presidente Javier Milei en las últimas semanas.
El documento, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), lleva por título Hacer negocios con las Islas Malvinas y sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre compañías o personas que allí realizan trámites comerciales. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el texto.
Además, el texto señala que Londres no identifica base legal para que tribunales de otros países intervengan de manera legítima respecto de las medidas que tome Buenos Aires. En la guía, el gobierno británico recuerda que sanciones de administraciones argentinas anteriores estuvieron vigentes durante años sin impedir el desarrollo económico de las Malvinas, y subraya que la situación actual no difiere de ese historial.
La publicación llega once días después de un discurso nacional en el que Milei anunció su intención de presentar al Congreso un proyecto para “defensa de la soberanía nacional” que propondría sanciones económicas más duras para las empresas que extraigan petróleo en aguas consideradas argentinas, y para avanzar contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.
Paralelamente, el gobierno argentino avanzó con medidas concretas. El 8 de septiembre, la administración Milei notificó procesos de sanción contra sesenta personas y empresas por participar en actividades petroleras en las islas, que Buenos Aires considera ilegales, e interpuso una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus subsidiarias, así como contra la canadiense JHI Associates y su accionista Eco Atlantic Oil & Gas.
El marco legal utilizado es la Ley 26.659 de 2011, ampliada por la Ley 26.915 en 2013 y acelerada por el Decreto 868/2026, que designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y acorta los plazos del proceso sancionatorio. Las sanciones previstas contemplan la inhabilitación para operar en Argentina por un periodo de entre cinco y veinte años.
Rockhopper Exploration ya había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013, por lo que la situación actual representa una segunda ronda de sanciones para la firma británica. Además, las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo —Halliburton, Baker Hughes y una tercera firma del sector— anunciaron públicamente que no participarán en el proyecto Sea Lion, una señal de la presión que implica la posibilidad de quedar excluidas del mercado argentino.