La intervención judicial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su obra social OSUOMRA mostró un panorama desolador sobre cómo recibió la gestión de Abel Furlán, según un informe de 57 páginas. El documento detalla una estructura administrativa prácticamente inexistente, ausencias de documentos clave, fluídos de pagos poco claros y procesos internos al borde de la anomia.
En paralelo, una auditoría encargada a la firma BDO analizó el contrato entre la UOM/OSUOMRA y la empresa USEM, vinculada con La Cámpora. Allí se indica que USEM fue constitüida el 7 de diciembre de 2022 y, apenas 82 días después, el 27 de febrero de 2023, fue contratada para intervenir en cuestiones críticas vinculadas a la administración de cuentas y a la ejecución de pagos.
Uno de los hallazgos institucionales más relevantes es la superposición documentada entre la parte contratante y la proveedora: María Soledad Calle mantuvo, entre junio de 2021 y mayo de 2026, una relación laboral con la UOM y, a la vez, ejercía como directora suplente y accionista titular del 50% de USEM. Es decir, una misma persona ocupaba roles en ambos frentes de la relación contractual.
Concretamente, el informe señala que la UOM y OSUOMRA contrataron para intervenir en la gestión de fondos a una sociedad creada apenas 82 días antes, y cuyo 50% del capital estaba en manos de una empleada de la propia UOM. Este hallazgo fue presentado en el primer informe trimestral auditado y elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el interventor Alberto Biglieri, quien asumió la gestión el 2 de junio pasado y, según lo adelantado por Infobae, formará un triunvirato junto a los abogados Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso para coordinar las tareas.
Simultáneamente, la Sala VIII de la CNAT trasladó una denuncia penal sobre presuntas irregularidades en la gestión del ex interventor Abel Furlán, basada en el informe de Biglieri, a la justicia criminal, al considerar que hay hechos que deberían ser investigados en sede penal.
La réplica de Furlán no tardó: sus abogados presentaron denuncias en sede penal y laboral contra las imputaciones del informe, al tiempo que sostienen que, a más de 90 días de iniciado su mandato, la intervención aún no fijó la fecha de comicios de la Seccional Zárate-Campana. Además, cuestionan la ampliación de facultades de la intervención sobre la UOM, OSUOMRA, la negociación colectiva y la administración de recursos.
Entre las críticas del bloque defendiendo a Furlán, también se cuestiona la decisión de otorgar poderes bancarios a Betiana Gorosito para operar ante el Banco Nación respecto de UOM y OSUOMRA. Gorosito figura como ex presidenta y directora titular de Donington S.A. en 2022, firma que formó parte, durante más de dos décadas, de un esquema fiduciario de administración de recursos sindicales.