Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles molestos tras haber afirmado públicamente que el oficialismo trabajaba en un texto “superador” para sustituir la Emergencia en Discapacidad, y encontrarse con un proyecto de Presupuesto 2027 que incorpora un capítulo con recortes significativos en el área, lo que podría reconfigurar las negociaciones con sus aliados. En ese marco, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los negociadores oficialistas, pero persisten dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.
Desde el oficialismo se intentó señalar que la movida respondía a una estrategia: presentar una propuesta de máxima para eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad y, luego, avanzar hacia un texto acordado. Sin embargo, a lo largo del día distintas fuentes siguieron sosteniendo que no estaban al tanto de las propuestas que llegaban desde la Casa Rosada.
“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación entre el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica”, comentaron a Infobae. Incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y figura clave del bloque, Martín Menem, tampoco tenía conocimiento de los detalles, lo que alimenta las conjeturas porque comparte la Mesa Política con otros dirigentes que estuvieron involucrados en la confección del presupuesto, como el ministro Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, gestionado por la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzábal Murphy.
El texto enviado al Congreso propone una revisión profunda del sistema de discapacidad, una jugada vista por la oposición y por las organizaciones del sector como un retroceso frente al marco vigente. Entre sus puntos más relevantes, la iniciativa propone restablecer un criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, fijando un porcentaje equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque basado en derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y desplaza la definición de requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Además, plantea una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, aunque sea por pocas horas, terminaría con el beneficio. Esto contrasta con el régimen vigente, que permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos.
En materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, de modo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualizaciones trimestrales a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin un mecanismo de actualización automático.