Las filas de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un malestar inesperado: habían asegurado públicamente que el oficialismo trabajaba en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, pero el proyecto de Presupuesto 2027 que llegó al Congreso presentó un capítulo con recortes significativos en el área y abrió frentes de negociación con los aliados. Ante ello, los libertarios desestimaron los artículos controvertidos y buscarán retomar el diálogo con los dialoguistas, aunque persisten dudas sobre las verdaderas intenciones del presidente Milei.

Desde el entorno oficialista se intentó presentar la situación como parte de una estrategia para eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad y ganar margen de negociación para luego avanzar hacia un texto en consenso. Sin embargo, a lo largo del día varias fuentes reconocieron que, en la práctica, no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.

“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación, en parte del Ministerio de Salud y en parte de Legal y Técnica”, comentaron a Infobae. Incluso se admitió que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, figura fuerte del karinismo y partícipe de la Mesa Política, tampoco estaba al tanto, lo que alimenta las conjeturas dada su relación con otros responsables directly involucrados en la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy.

El texto enviado al Congreso propone una reforma profunda del sistema de discapacidad que, para la oposición y para las organizaciones del sector, representa un retroceso respecto del marco vigente. Entre los puntos más notables, la iniciativa reintroduce el criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, fijando un tope equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reemplazando el enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Otra novedad es la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta en impuestos o trabajo registrado, incluso por pocas horas, podría extinguir el beneficio. Esto contrasta con el régimen vigente, que permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos.

En lo referido a prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, de modo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualizaciones trimestrales a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (con efectos que no serían automáticos).