La discusión sobre la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó entrelazada con el Proyecto de Presupuesto 2027 que la Administración llevó al Congreso. El texto plantea modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, incluyendo el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.
En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, planteó sus críticas durante una entrevista para Infobae al Regreso. Según ella, la disputa no se limita a mantener la emergencia, sino que implica cambios normativos decisivos para garantizar el acceso a tratamientos, educación especial, transporte y otros apoyos.
“Buscamos prorrogar la ley de emergencia en discapacidad, pero el proyecto de presupuesto avanza con modificaciones sustantivas en artículos clave”, afirmó, en referencia a las dudas que genera la propuesta.
Uno de los ejes centrales es la Ley 24.901, que desde 1997 regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El presupuesto propone alterar artículos de ese régimen y modificar la forma de determinar los aranceles.
El Nomenclador de Prestaciones Básicas funciona como tabla de referencia para prestaciones que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial propone eliminar valores universales y habilitar un esquema en el que cada financiador fije condiciones y precios de manera diferenciada.
Para Bassi, esa modificación podría generar disparidades en el acceso según la cobertura médica de cada persona. “El nomenclador único es fundamental”, subrayó, y señaló que, a su juicio, una de las consecuencias sería que cada obra social y cada prepaga pueda decidir qué tratamientos y qué valor aprobar para su hijo.
La actriz explicó que el nomenclador sirve como marco común para diversos servicios, incluyendo escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado establece cuánto debe cobrar una escuela para sostenerla, así como los costos del transporte y de los terapeutas”, agregó.
Desde el Gobierno sostienen que el sistema necesita una actualización para garantizar las prestaciones de forma sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.
El proyecto, para su parte, propone modificar ese mecanismo vigente, eliminar la referencia a valores universales y cambiar la forma de actualizar los aranceles. Bassi advirtió que ese escenario podría afectar a los prestadores y, por ende, a las familias. En la entrevista, señaló que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y pidió una actualización de la base de cálculo para reflejar las necesidades reales.