La Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que prohíbe las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La resolución, firmada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las empresas Rockhopper y Navitas, y, en paralelo, la Fiscalía de Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En un tramo destacado de Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale —presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas— explicó la estrategia judicial que encabeza junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM, por sus siglas) y adelantó que la próxima línea de acción buscará inmiscuirse en la estructura financiera que sostiene el proyecto.
La acción planteada por Viale fusiona cuestiones ambientales con debates de soberanía. “Presentamos una tutela ambiental que une soberanía y ambiente”, afirmó el letrado, detallando que la demanda fue preparada durante varios meses.
El proyecto Sea Lion está previsto para comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El plan contempla la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Según Viale, la magnitud del emprendimiento trasciende a las petroleras y demanda mirar a otros actores. “Las compañías no actúan solas; participan bancos, aseguradoras, etc.”, sostuvo. En esa línea, la estrategia busca identificar a los diferentes operadores que intervienen en el entramado económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, sintetizó.
La resolución de Borruto dejó en suspenso las tareas vinculadas al desarrollo hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para el abogado, esa medida permite avanzar en el debate de fondo al impedir que las empresas continúen operando sin la debida evaluación ambiental.
Viale también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y conectó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Indicó que, entre los objetivos iniciales, estaba obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. En su criterio, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir el progreso del proyecto sin la evaluación ambiental correspondiente.
La presentación persigue, además, que las empresas reciban notificación formal de la decisión y que se pueda reconstruir el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion. Como siguiente paso, adelantó Viale, se trabajará sobre los activos vinculados a las compañías ante posibles incumplimientos de la orden judicial: “Lo que estamos preparando es el camino de los embargos”.
El abogado añadió que, si llega a ejecutarse, habrá que considerar que buena parte de la financiación proviene de actores externos, lo cual podría complejizar la trazabilidad de responsabilidades.