Granja Tres Arroyos, históricamente la mayor avícola del país, informó a la Justicia su solicitud de concurso preventivo y pidió tramitarlo de forma unificada para las cuatro sociedades que componen el entramado: Granja Tres Arroyos S.A. (la matriz), Wade (operadora de la planta de la ex Cresta Roja), Avex (con complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba) y HAISA (Holding Agro Industrial S.A.), que concentra el control y garantiza al resto de las unidades. En conjunto, el grupo quedó bajo un esquema de agrupamiento económico previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.
El presidente del directorio, Joaquín De Grazia —miembro de la familia fundadora— firmó la presentación ante el fuero correspondiente. En el escrito, GTA afirma que la caída no responde a una gestión imprudente ni a una explotación inviable, sino a la acumulación de desequilibrios macroeconómicos, cambios estructurales en el sector y shocks externos que afectaron de manera irreversible la ecuación económica de la compañía.
El documento ubica el centro de la crisis en lo que describe como un “estrangulamiento del mercado interno”. Según la firma, la demanda de pollo en el mercado local habría alcanzado un techo estructural, impidiendo absorber la producción del grupo. Se cita, como referencia histórica, que a principios de siglo el consumo de pollo crecía, y que hoy la demanda ha llegado a sus límites, dificultando la continuidad del negocio.
La compañía señala además una caída del poder adquisitivo de los hogares, lo que redujo la capacidad de consumo y afectó la demanda de alimentos. A esto se suma la característica perecedera del producto, que impide acumular stocks esperando mejores precios. Frente a un incremento desmedido de costos operativos (energía, fletes, insumos y paritarias), GTA sostiene que se vio obligada a comercializar su producción por debajo del costo de reposición para sostener la estructura y la cadena de distribución, asumiendo pérdidas operativas corrientes.