Luego de varias semanas de incertidumbre, el oficialismo logró imponer su postura en la Cámara alta y convirtió en ley la segunda versión de la Inocencia Fiscal, una propuesta que llegó para reemplazar la versión original apenas ocho meses después de haber sido aprobada. El proyecto obtuvo 44 votos a favor, sumando el respaldo del bloque liderado por Patricia Bullrich junto a las bancadas del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
El senador Bruno Odarte Olivera, de perfil libertario y miembro informante, enfatizó que la iniciativa se centra en la confianza: si se trata a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto.
En contra se pronunciaron 23 senadores del bloque del peronismo, que argumentaron que la ley continúa blanqueando conductas; José Mayans, presidente del bloque, afirmó que la medida se alinea con un programa económico que afecta a trabajadores, jubilados y pensionados.
Antes de la votación, el senador peronista Jorge Capitanich cuestionó que en las comisiones no hubiera presencia del ministro de Economía ni de otros funcionarios, y que solo se consultara a especialistas que, según dijo, no guardaban relación con la iniciativa.
Fernando Salino, también peronista, señaló una de las modificaciones introducidas por el Ejecutivo respecto de la versión previa: la restricción a ministros, secretarios, jueces y legisladores dejó fuera a familiares. Propuso ampliar la restricción a personas políticamente expuestas, incluyendo a cónyuges, convivientes y familiares en primer y segundo grado, tanto por parte de los funcionarios como de sus relaciones cercanas. Este punto fue planteado como modificación para la votación, pero el oficialismo, con la sesión ya cerrada, decidió no aceptar cambios y la ley se votó en general y en particular sin alteraciones.
Entre las modificaciones centrales de la norma figura el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Actualmente, quedan fuera del RSG aquellos que tuvieron ingresos superiores a 1.000 millones de pesos o un patrimonio de 10.000 millones en alguno de los tres años previos.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo declarado por el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez explicó que la norma establece un umbral del 15% o más, con un tope de cinco millones de pesos, para determinar la magnitud de la diferencia.