Tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre sanciones a empresas extranjeras que exploten petróleo en las Islas Malvinas y pongan en riesgo la soberanía nacional, la causa por daño ambiental y soberano pasa al fuero federal. El Juzgado Federal de Tierra del Fuego tomará intervención en el caso.
En Río Grande, la jueza federal de Garantías Mariel Borruto se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras foráneas vinculadas al proyecto Sea Lion. Se trata de un yacimiento offshore resultado de una asociación entre Navitas Petroleum, empresa de Israel, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido, que pretenden perforar y extraer cru en la Cuenca Norte de Malvinas, es decir, dentro de la plataforma continental argentina.
La demanda fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitan la cesación de las tareas vinculadas al emprendimiento hidrocarburífero.
Como fundamento, las organizaciones sostienen que las etapas logísticas y de construcción se llevaron a cabo con licencias emitidas unilateralmente por el Reino Unido. También señalan que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y de la certificación de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.
Además de asumir la competencia, la magistrada ordenó incorporar a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ya que el área proyectada estaría dentro de su jurisdicción y el Estado fueguino tiene competencia sobre recursos naturales y regulación ambiental.
En ese marco, la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación en defensa del patrimonio y el ambiente de esa jurisdicción. Los demandantes deberán, en un plazo de cinco días, informar si iniciaron procesos con el mismo objeto ante otros tribunales.
Las organizaciones también deberán traducir al español los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.
La resolución coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con la intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el eventual impacto ambiental excede la jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.
Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos y una unidad flotante, entre otros componentes.