El desalojo de la lof Melo en el predio conocido como El Pedregoso, ubicado entre Bariloche y Villa La Angostura, se llevó a cabo el 19 de agosto. La propietaria del inmueble, María Cristina Broers, había iniciado en 2012 una causa por desahucio y, tras años de proceso, logró recuperar una fracción de las 624 hectáreas que componen la propiedad, en la cual estaban involucradas además la lof Melo y la lof Kinxikew, integrada por miembros de la familia Quintriqueo. A pesar del conflicto jurisdiccional, Broers continuó abonando regularmente los impuestos.
El desalojo afectó únicamente a la zona en la que residía la lof Melo, quedando bajo su control esa parte del predio. Por otro lado, el juez Francisco Astoul Bonorino emitió un nuevo mandamiento para completar la medida judicial en el sector donde aún permanece la otra comunidad.
En ese predio, EPEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo provincial, había instalado un conjunto de paneles solares con el fin de suministrar energía eléctrica a las familias mapuches. Tras la ejecución del desalojo, operarios de EPEN regresaron para retirar los equipos, autorizados por Broers, quien había expresado su voluntad de que los equipos permanecieran y de asumir los costos operativos para su funcionamiento. Sin embargo, el organismo sostuvo que la infraestructura se instaló específicamente para beneficiar a la comunidad.
El sistema de energía no consistía sólo en paneles: también había baterías destinadas a almacenar la energía, las cuales eran renovadas periódicamente por la entidad.
Fuentes oficiales confirmaron que estos equipos de generación de energía alternativa forman parte de un programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén, orientado a apoyar a comunidades mapuches independientemente de la situación dominial de los terrenos en que se encuentren. A la vez, distintos organismos estatales proporcionan a estas comunidades recursos como redes de agua y financiamiento no reintegrable, entre otros elementos para garantizar condiciones de residencia.
Además de lo anterior, la intervención contó con respaldo de entidades provinciales y, en su momento, de organismos nacionales a través de Parques Nacionales. La resolución de la disputa por la propiedad es compleja y continúa con actuaciones judiciales para completar el desalojo en las áreas remanentes.