Desde la ocupación británica de 1833, Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. En la actualidad, el Congreso analiza un proyecto de ley que podría ampliar las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad e inteligencia. Entre sus puntos figura la posibilidad de imponer sanciones a empresas que operen en la zona y, al mismo tiempo, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, así como medidas relacionadas con desinformación y financiamiento.
Mariana Altieri, politóloga especializada en geopolítica, sostuvo que la combinación de estos elementos excede el marco de la demanda territorial argentina. El organismo internacional sitúa el conflicto en el terreno de descolonización e integridad territorial, mientras que las posturas británicas e isleñas sostienen el derecho a la autodeterminación de los habitantes. Según la analista, sostener que las Malvinas tienen ese derecho sería una afirmación falsa.
Altieri señaló que Argentina podría desarrollar una campaña propia para contrarrestar esas narrativas, pero rechazó que la cuestión de soberanía se mezcle con campañas políticas, procesos electorales, terrorismo, injerencia extranjera o desinformación masiva. “Están fusionando temas y usan a Malvinas como un pretexto para avanzar”, afirmó en Infobae A Las Nueve. Propuso que el Congreso separe los asuntos y dedique un tratamiento específico y pausado a una eventual reforma de la política de seguridad y defensa.
La analista ve al Consejo de Seguridad Nacional como un posible “caballo de Troya”: la defensa de las islas podría habilitar una estructura estatal cuyas funciones vayan más allá del conflicto soberanía. “Te están planteando una base legal de seguridad con un propio consejo”, comentó.
En Argentina se estableció una separación entre defensa nacional y seguridad interior durante la transición democrática. La Ley de Defensa contempla agresiones de actores estatales externos, mientras que la seguridad interna aborda problemáticas dentro del país. Altieri insistió en preservar esa distinción, aunque reconoció la necesidad de enfrentar desafíos como crimen organizado, narcotráfico, protección de infraestructuras y las funciones de las agencias estatales. A su modo de ver, el debate debería tramitarse mediante una norma específica y no dentro de una iniciativa vinculada a Malvinas.
La politóloga cuestionó que el eventual organismo concentre definiciones vinculadas con defensa, terrorismo, campañas de desinformación e injerencia externa. Alertó, además, que el proyecto podría otorgar al Ejecutivo mecanismos de actuación sin controles legislativos suficientes. “La lectura de la propuesta sugiere un corrimiento del Legislativo”, resumió, subrayando que cualquier estructura de ese tipo debe contar con la participación efectiva del Congreso.