Después de muchos años de concentración de población, empleo e industria en el Gran Buenos Aires, la gestión de Javier Milei plantea un giro: aproximadamente 4 millones de argentinos podrían desplazarse hacia el interior del país en tres décadas, según lo afirmó Federico Sturzenegger al Financial Times.
El diario británico publicó un amplio reportaje bajo el título Milei’s great free trade experiment, que aborda el plan oficial de abrir la economía, reducir el papel del Estado y potenciar las exportaciones de energía, minería y agro, con impactos variados para la industria local.
La hipótesis oficial es que ese desplazamiento estaría vinculado a la expansión de actividades extractivas y energéticas fuera del área metropolitana. Sturzenegger estimó que 2 millones podrían radicarse en la región petrolera y gasífera de la Patagonia, mientras que otros 2 millones podrían asentarse en las provincias del norte con nuevos proyectos mineros.
El programa de apertura fue antecedido por un fuerte ajuste fiscal en los primeros años de la administración. El Gobierno presenta como principal logro la desaceleración de la inflación, que pasó de alrededor del 289% a comienzos de 2024 a cerca del 34%, aunque los recortes de subsidios y del gasto público afectaron el poder adquisitivo de los hogares.
La administración libertaria apuesta a que las exportaciones permitan superar la crónica escasez de dólares. Las ventas al exterior de energía, minería y agro alcanzaron niveles récord, y Sturzenegger sostiene que, con las inversiones en marcha, el país podría triplicar sus exportaciones en un horizonte de cinco a seis años.
El potencial energétic o está centrado en Vaca Muerta, donde hay proyectos por más de US$100.000 millones, mientras que el norte del país genera expectativas en cobre, litio, plata y otros minerales. El oficialismo sostiene que estas actividades pueden generar empleo directo e indirecto y estimular industrias vinculadas, como fertilizantes y petroquímica.
El contraste aparece con los sectores orientados al mercado interno. Desde fines de 2023 cerraron aproximadamente 3.400 empresas manufactureras y se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo formales, según el registro citado en el informe. La industria textil figura entre las más golpeadas por la reducción de aranceles y la entrada de importaciones más baratas.
Empresarios industriales cuestionan abrir la economía sin una reducción de impuestos previa, sin acceso adecuado a financiamiento y frente a denuncias de contrabando y competencia desleal. El Gobierno rechaza estos reclamos como llamados a proteger a empresas que, a su criterio, se beneficiaron durante décadas de restricciones comerciales.
La discusión se volvió concreta en casos como la fábrica Fate, que cerró en febrero dejando 920 trabajadores sin empleo. En medio de estas tensiones, el Ejecutivo sostiene su ruta de apertura y crecimiento exportador.