La Justicia Civil de Primera Instancia de Neuquén falló parcialmente a favor de Marcelo Severini, presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y dispuso que la ex vicegobernadora Gloria Ruiz pague 5 millones de pesos por daño moral. El tribunal sostuvo que la denuncia penal que Ruiz había presentado contra Severini carecía de elementos suficientes para sostener la acusación.
La sentencia también ordenó medidas de reparación por la difusión pública de esa denuncia, entre las que se destaca la eliminación de menciones vinculadas a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de Ruiz. El tribunal fijó un plazo de diez días para cumplir dicha medida; si no se concreta, Ruiz quedará sujeta a apercibimientos económicos progresivos. Las costas del proceso fueron impuestas a la demandada.
Este fallo representa un nuevo episodio judicial relativo a la ex vicegobernadora, en el marco de la crisis institucional que atravesó la Legislatura de Neuquén a fines de 2024. El expediente civil se apoyó, entre otros antecedentes, en el archivo de la causa penal que había sido iniciada en la Justicia Federal y luego remitida al fuero provincial.
Según la información publicada por Diario Río Negro, el origen del conflicto se remonta a principios de diciembre de 2024, cuando Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura y posteriormente separada de la presidencia del cuerpo. Tras ese desenlace, la ex funcionaria anunció acciones judiciales y presentó una denuncia ante tribunales federales de Buenos Aires, dirigida contra ministros provinciales, legisladores y referentes institucionales. Entre las personas mencionadas figuraba Severini, titular de CALF.
La demanda fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman. En ella se incluyeron imputaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. Según el planteo de la defensa, los denunciados habrían participado en una maniobra destinada a apartar a Ruiz de la conducción de la Legislatura, en un intento por alterar el funcionamiento institucional de la provincia.
Sin embargo, las argumentaciones utilizadas en el proceso civil señalan que la denuncia no describía hechos concretos que permitieran establecer cuál habría sido la intervención material de Severini en los delitos señalados, ni aportaba elementos mínimos de convicción para sostener la imputación en su contra. El expediente penal habría iniciado en la Justicia Federal y, posteriormente, habría sido derivado al fuero provincial; el reporte no especifica el nombre completo del magistrado federal a cargo.