El Gobierno argentino expresó su rechazo contundente a una guía publicada por el Reino Unido destinada a resguardar a las firmas que operen en las Islas Malvinas y zonas cercanas, en un marco de creciente fricción con Londres tras las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei.
En un comunicado, la Cancillería afirmó que el documento británico busca facilitar la actividad comercial y la exploración hidrocarburífera en el archipiélago, así como en las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en sus áreas marítimas contiguas.
La Argentina reafirmó de forma categórica que los archipiélagos y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte del territorio nacional y que se hallan ocupados de manera ilegítima por el Reino Unido. Por su parte, el texto del Foro de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico sostiene que la legislación argentina no tiene validez dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que operen allí, e insiste en que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (Malvinas).
Asimismo, el documento británico descarta que tribunales fuera de Argentina puedan hacer valer las medidas que Buenos Aires adopta y propone tres líneas de acción para las empresas: validar las actividades reguladas por la legislación de las islas, recomendar asesoría legal independiente ante presiones argentinas y prever la intervención directa del gobierno británico cuando una empresa o proveedor enfrente ese tipo de presión en un tercer país.
Como respuesta, la Cancillería citó a los embajadores del Reino Unido e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para entregarles notas de protesta en persona. El reclamo central apunta al avance del proyecto Sea Lion y a la serie de actos conexos: emisión de normativas que Buenos Aires considera ilegítimas, licencias otorgadas de manera unilateral, llamados a contratar proveedores e incentivos comerciales promovidos por Londres.
La postura argentina advierte que estas medidas vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que los urge a abstenerse de modificar unilateralmente la situación de las islas mientras persista la disputa de soberanía.
Sea Lion constituye el eje del conflicto. Se trata de un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago, cuya explotación está en manos de un consorcio integrado por Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Lp, de origen israelí. Ambas compañías anunciaron planes de desarrollo vinculados al yacimiento.