La Oficina del Presidente informó este 9 de septiembre que se presentarán nuevas denuncias penales dirigidas a empresas vinculadas a operativas hidrocarburas en la Plataforma Continental Argentina, y también contra personas físicas que hayan tomado decisiones relacionadas con esas actividades. No se limitarán a las sociedades, sino que apuntarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otros participantes con poder decisorio.
Según fuentes con conocimiento de las gestiones, las denuncias incluirán a cinco firmas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. El comunicado oficial ubica estos procedimientos dentro de la Ley N.° 26.659, señalando que las actuaciones se encuadran en posibles violaciones a prohibiciones previstas en esa norma.
La Casa Rosada aclaró que las presentaciones identificarán a las personas físicas que intervinieron en las decisiones vinculadas a las actividades cuestionadas. Entre los involucrados podrían figurar directores, gerentes, administradores y representantes de las compañías, así como otros actores que participaron en definiciones relevantes para estos hechos.
El Gobierno no divulgó los nombres de los directivos o representantes que podrían quedar alcanzados, y subrayó que las acciones buscarán atribuir responsabilidades a quienes, desde sus cargos, participaron en los hechos considerados ilícitos. En cuanto a las vías judiciales, el escrito oficial señala dos posibles desarrollos: la ampliación de expedientes ya abiertos y la apertura de causas nuevas. No se detallaron los tribunales ante los que se presentarán las denuncias ni las fechas previstas para cada trámite.
La lista de firmas mencionadas y la intención de individualizar a responsables desplazan el foco hacia empresas y personas físicas vinculadas a operaciones hidrocarburíferas en la zona. La Oficina del Presidente afirmó que el Estado nacional continuará tomando medidas para responsabilizar a entidades y a individuos que hayan participado en las actividades cuestionadas, con el objetivo de salvaguardar los derechos soberanos de la Nación.
Además, el comunicado indicó que las medidas no se limitarán a las estructuras societarias, dejando abierta la posibilidad de incluir a quienes ocupaban cargos directivos o de representación y participaron en las decisiones que, desde la visión oficial, podrían haber infringido la normativa vigente. La comunicación no ofreció detalles sobre plazos, tribunales o próximos actos administrativos vinculados a estas denuncias.