El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó en una entrevista para Infobae al Amanecer que los anuncios del Gobierno sobre Malvinas deben cristalizarse en una norma legal y en inversiones concretas dentro del marco del Presupuesto 2027, además de asegurar partidas destinadas a Defensa. En el encuentro, celebrado junto a los periodistas Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el legislador abordó la expectativa de la bancada frente al proyecto anunciado por el presidente Javier Milei y otros asuntos que están en danza en la Cámara.

Ferraro señaló que el anuncio sobre Malvinas se enmarca en una batería de iniciativas que aún no ingresaron al Congreso, y remarcó que ya pasaron 12 días desde la cadena nacional en la que el jefe del Ejecutivo abordó el tema. Subrayó que la defensa de la soberanía de las islas debe sostenerse como una política de Estado y vinculó la falta de avances a demoras en la presentación del Presupuesto 2027.

Además, el diputado mencionó otros temas que están tomando cuerpo en la Cámara: la tramitación del mencionado proyecto y la llegada del Presupuesto 2027. En paralelo, indicó que el Parlamento también está discutiendo el endeudamiento de los hogares y las dificultades de las personas con discapacidad para afrontar pagos a prestadores y terapistas, señalando que se trata de temas que el Gobierno prefería evitar.

Sobre la relación entre el anuncio presidencial y las decisiones económicas del Gobierno, Ferraro fue claro: no es que dude de la intención, sino que observa una incoherencia propia de lo que él describe como un “malvinero de mecha corta”. Para ilustrar su preocupación, citó el caso de Harbour Energy, empresa vinculada a un proyecto beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el diputado, la firma fue sancionada en Argentina en 2013 y, posteriormente, obtuvo el beneficio del régimen en 2025, lo que a su criterio plantea dudas sobre los controles previos.

Ferraro también cuestionó la coherencia de promover sanciones más severas contra empresas con actividad cerca de Malvinas si, con anterioridad, el Gobierno les abrió espacios de negociación o les otorgó incentivos. A modo de crítica, afirmó que esas compañías eran invitadas y sentadas a la mesa.

A pesar de estas observaciones, el diputado afirmó que la oposición no está dispuesta a negar una norma que fortalezca la defensa de la soberanía nacional, y sostuvo que no se vería a sí mismo oponiéndose a un proyecto que, en su visión, podría endurecer sanciones para empresas vinculadas a actividades en la zona.