El Poder Ejecutivo formalizó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina para conmemorar el Día de la Independencia, a través de la promulgación de la Ley 27820. Según lo establecido, el reconocimiento se aplicará a la ciudad tucumana en esa fecha y los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para el 9 de julio deberán realizarse de forma permanente allí.
La medida busca fortalecer el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad en la que el Congreso de Tucumán declaró efectivamente la ruptura con la Corona española en 1816. Se inscribe, además, en una serie de acuerdos entre el oficialismo y sectores aliancistas en el Congreso, pensados como gestos políticos para los gobernadores. En ese marco, también se ampliaron las Cámaras Federales de Apelaciones de Tucumán, iniciativas en su mayoría sin costo fiscal pero de claro valor simbólico para la provincia.
Entre otras acciones destacadas en este paquete figura la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina el ritual, la celebración y la peregrinación vinculados al Camino de Brochero. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y reconoce al Camino de Brochero como una práctica que agrupa devoción, peregrinaciones y actividades culturales.
La propuesta abarca una manifestación religiosa ligada a José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuyas devociones generan movilización en Córdoba. Paralelamente, se declaró de interés un Memorándum de Entendimiento para la difusión y promoción que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela, con miras a conservar, difundir y promover ambas tradiciones.
La norma ajusta el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas asociadas a estas rutas, incluyendo acciones vinculadas a la celebración y la devoción en ambos itinerarios. La ley impulsada por Alejandra Vigo obtuvo su sanción definitiva a fines de agosto; ya había contado con media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
Asimismo, se contempla que los peregrinos puedan disponer de un pasaporte para registrar las etapas recorridas, tomando como modelo la experiencia del Camino de Santiago en España, con el objetivo de acreditar las distintas etapas del itinerario.