La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén dio la razón de forma parcial a Marcelo Severini, titular de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar 5 millones de pesos por daño moral. El tribunal sostuvo que la denuncia penal que Ruiz presentó contra Severini carecía de los elementos necesarios para sostener la acusación.

Asimismo, la sentencia prevé medidas para reparar los perjuicios derivados de la difusión pública de esa denuncia. Entre las medidas, se ordenó la remoción de cualquier mención relacionada con la denuncia contra Severini en las plataformas digitales gestionadas por Ruiz. Se fijó un plazo de diez días para cumplir con esa exigencia; ante el incumplimiento, la ex funcionaria enfrentará sanciones económicas progresivas. Las costas del proceso quedaron a cargo de Ruiz.

Este fallo añade un capítulo más a la batería de procesos vinculados a la ex vicegobernadora, en un contexto de la crisis institucional que atravesó la Legislatura de Neuquén a fines de 2024. El expediente civil se sustentó, entre otros antecedentes, en el archivo de la causa penal que se tramitó en la Justicia Federal y luego fue remitida al fuero provincial.

Según la cobertura de Diario Río Negro, el conflicto se inició a principios de diciembre de 2024, cuando Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura y, posteriormente, separada de la presidencia del cuerpo. Tras esa decisión, Ruiz optó por presentar acciones judiciales y acudió a tribunales federales de Buenos Aires, elevando una denuncia dirigida contra ministros provinciales, legisladores y otros referentes institucionales; entre los mencionados figuraba Severini, quien dirige CALF.

La denuncia fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman, e incluía señalamientos por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. Según la defensa, los denunciados habrían participado en una maniobra para desplazar a Ruiz de la conducción legislativa y habrían buscado, según su versión, alterar el funcionamiento institucional de la provincia.

Sin embargo, en el tramo civil el tribunal señaló que la denuncia no describía hechos concretos que permitieran determinar la intervención material de Severini en esos delitos y no aportó los elementos mínimos de convicción para sostener la imputación. El expediente civil tuvo como antecedente el archivo de la causa penal vinculada al ámbito federal.