La Justicia Civil de Primera Instancia de Neuquén falló parcialmente a favor de Marcelo Severini, quien preside la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y condenó a Gloria Ruiz, ex vicegobernadora, a abonar 5 millones de pesos por daño moral. El tribunal sostuvo que la denuncia penal presentada por Ruiz contra Severini no reunía elementos suficientes para sostener la acusación.

Además, la sentencia ordenó medidas para reparar los perjuicios derivados de la difusión pública de esa denuncia, entre las que se incluyó la eliminación de menciones a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de Ruiz. Se fijó un plazo de diez días para cumplir con dicha medida; de incumplirse, la ex funcionaria podría enfrentar apercibimientos económicos progresivos. Las costas del proceso fueron cargadas a la demandada.

Este fallo se inscribe en un nuevo episodio judicial relacionado con la ex funcionaria, en un contexto de la crisis institucional que vivió la Legislatura de Neuquén a fines de 2024. El expediente civil utilizó como antecedente, entre otros elementos, el archivo de la causa penal que se había iniciado en la Justicia Federal y luego derivado al fuero provincial.

Según la cobertura del diario Diario Río Negro, el conflicto se remonta a principios de diciembre de 2024, cuando Ruiz fue suspendida preventivamente por la Legislatura y posteriormente separada de la presidencia del cuerpo. Tras esa medida, la entonces vicegobernadora anunció acciones legales y presentó una denuncia ante tribunales federales de Buenos Aires, dirigida contra ministros provinciales, legisladores y otros referentes institucionales; Severini figura entre los denunciados.

La defensa de Ruiz estuvo a cargo de abogados liderados por Carlos Broitman. En su escrito, se mencionaban presuntos delitos como asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. Los denunciados habrían, según la imputación, participado en una maniobra para desplazarla de la conducción legislativa y, para Ruiz, sería parte de un intento de afectar el funcionamiento institucional.

Sin embargo, desde la visión del fallo civil, la denuncia no describía hechos concretos que permitieran establecer la intervención material de Severini ni aportaba elementos mínimos de convicción para sostener la imputación contra él.