El Consejo de la Magistratura no avanzó en el tratamiento de uno de los expedientes que involucra al camarista Abel Sánchez Torres, de Córdoba, y a su compañera Graciela Montesi, también camarista. El senador nacional Luis Juez, miembro del organismo, solicitó derivar las acusaciones a la Comisión de Acusación, la instancia que podría conducir a un juicio político si prosperan las imputaciones.

La Comisión de Disciplina del Consejo pospuso el debate de uno de los expedientes contra Sánchez Torres y Montesi. Las actuaciones continúan abiertas y en etapa de investigación, pero podría abrirse camino hacia un jury si se confirman las presuntas irregularidades.

Sánchez Torres está procesado por presuntas maniobras para alterar la integración de su sala con Montesi con la finalidad de favorecer a dos empresas que estaban bajo su jurisdicción, y además se le imputan dádivas por un viaje a Punta del Este en un avión privado pagado por una de las firmas investigadas.

El dictamen indica que las conductas atribuidas “podrían comprometer gravemente los deberes inherentes a la función judicial”, de corroborarse.

Juez aludió al procesamiento dictado por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes el 25 de septiembre pasado, aunque aclaró que no le atribuyó efectos determinantes.

El expediente principal fue iniciado por una secretaria de la cámara y se suman otros seis acumulados. Según los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, a mediados de 2023 Sánchez Torres y Montesi habrían acordado manipular la composición de las salas.

Su objetivo habría sido intervenir conjuntamente en dos expedientes por evasión tributaria contra directivos de la cerealera Padilla y Humanes, desplazando a Liliana Navarro, la camarista que le correspondía subrogar.

En Padilla, la causa habría quedado retenida hasta su turno; la Fiscalía sostiene que Sánchez Torres recibió la causa a las 11:48 del 7 de diciembre de 2023 y la devolvió cerrada a las 11:49, votando por la falta de mérito del imputado.

En Humanes, Sánchez Torres habría ordenado certificar una integración del tribunal con Montesi que sería irregular; ante la negativa de la secretaria, él la dispuso por decreto. La tercera camarista, Liliana Navarro, cuestionó esa integración meses después.

Con la sala corregida, un directivo de Bunge que estaba bajo investigación terminó procesado, con la disidencia de Sánchez Torres.

Los fiscales sostienen que la negativa de la secretaria a certificar la integración irregular habría implicado casi dos años de hostigamiento. Describieron gritos y descalificaciones frente a empleados, la retirada de funciones y un traslado a una oficina sin ventanas. También mencionaron presiones para que aceptara un cambio a un cargo de menor jerarquía. Según la Fiscalía, estas presiones afectaron la salud de la funcionaria, provocando licencias sucesivas.

En conjunto, la situación mantiene el tema abierto para que la Comisión de Acusación evalúe si corresponde remitirlo a un jury, conforme a las reglas del órgano.