En el marco de la causa abierta por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA, y tras la primera apelación contra los sobreseimientos del presidente Javier Milei y otros diez investigados, surgió un nuevo recurso presentado por Martín Romeo. Actuando en forma personal y como apoderado de dos aspirantes a querellantes —Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich—, pidió la nulidad absoluta del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que dio inicio a esos sobreseimientos.
Romero sostuvo ante la Cámara Federal que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no le permitió fijar su parecer sobre el dictamen, a pesar del derecho que prevé la ley para intervenir cuando el Ministerio Público actúa como defensor de los sospechosos. El planteo se dirige a la resolución que Martínez de Giorgi emitió el viernes pasado, en la que sobreseyó a Milei al concluir que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal, y que además benefició a un grupo de involucrados: Karina Milei (hermana y secretaria general de la Presidencia), Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli y los llamados “cueveros” Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Para Romeo, el Código Procesal Penal Federal reconoce a la víctima el derecho a pedir la revisión de un sobreseimiento, incluso si aún no se ha constituido formalmente como querellante. Aun así, señala que el juez no le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal, pese a su capacidad para hacerlo. En ese contexto, solicitó que la Cámara declare la nulidad absoluta del dictamen y, como consecuencia, la del sobreseimiento. De hallarse procedente, propone, en forma subsidiaria, revocar la resolución y ordenar la continuación de la investigación.
La cuestión de fondo es si Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, conserva la facultad de intervenir en la causa penal mientras se resuelve su disputa por la condición de querellante. Aunque la jueza Arroyo Salgado le había reconocido ese estatus, en julio Martínez de Giorgi aceptó una excepción planteada por la defensa de Novelli y lo apartó. La Cámara Federal confirmó esa decisión y la Casación Penal declaró inadmisible su recurso, por lo que Romeo llevó el tema a la Casación, donde la cuestión continúa pendiente. El imputado sostiene que su exclusión no está firme y que mantiene capacidad para intervenir ante el pedido fiscal de sobreseimiento.
Más allá del pedido de nulidad, Romeo cuestionó los sobreseimientos y afirmó que la investigación “no se completó”, alineándose con otro inversor, Juan Patricio Marchetto, quien también apeló el fallo. En este marco, la pelea legal continúa en las distintas instancias, con las recusaciones y la participación de los damnificados aún en debate.
