El Gobierno oficializó la designación de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Nación para cada 9 de julio, a través de la promulgación de la Ley 27820. La norma establece que los actos centrales que el Gobierno nacional organiza por el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en la capital tucumana, fortaleciendo así el vínculo entre la conmemoración nacional y la ciudad donde, en 1816, el Congreso de Tucumán declaró la ruptura con la Corona española.
La medida forma parte de un conjunto de acuerdos entre el oficialismo y sectores aliados en el Congreso, orientados a enviar un gesto político a los gobernadores. En paralelo, se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría, estas iniciativas son de costo fiscal reducido pero poseen un valor simbólico para los legisladores provinciales.
Entre las acciones destacadas también figura la promoción de la Ley 27823, que busca incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la Argentina. Este marco se alinea con la Ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales, y lo declara parte del patrimonio inmaterial argentino, al abarcar prácticas, representaciones y saberes que las comunidades reconocen como parte de su herencia.
La iniciativa también destaca una manifestación religiosa vinculada a José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuyo arraigo devocional genera actos y peregrinaciones en Córdoba. Asimismo, se declaró de interés un Memorándum de Entendimiento para la difusión y promoción que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela, con miras a la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.
Con ello, se busca impulsar el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas asociadas a ambas rutas, así como otras acciones relacionadas con la celebración y la devoción en los itinerarios gallego y brocheriano. La ley impulsada por la diputada Alejandra Vigo obtuvo su aprobación definitiva a finales de agosto, tras haber contado con media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
Entre los mecanismos previstos, se contempla la creación de un pasaporte para peregrinos que registre las etapas recorridas, tomando como referencia la experiencia del Camino de Santiago en España. Este instrumento facilitaría acreditar las distintas etapas del itinerario.