El Ejecutivo avanza con un nuevo esquema de concesiones para operar, conservar y mejorar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, y en 2027 incorporará un capítulo impositivo específico. La idea es que empresas privadas asuman la gestión de estos corredores mediante inversiones privadas y la recaudación de peajes, prescindendo de subsidios operativos estatales. El proyecto de Presupuesto 2027 propone, en este sentido, una batería de incentivos fiscales para quienes resulten adjudicatarios de nuevas licitaciones.
Esta iniciativa forma parte de una reorientación más amplia de la política de infraestructura. A nivel nacional, la red vial suma alrededor de 40.000 kilómetros, mientras que la Red Federal de Concesiones abarca más de 9.000 km repartidos en 16 tramos estratégicos. Desde 2025, el Gobierno fue avanzando en distintas etapas de adjudicación.
La finalidad oficial es que los concesionarios asuman la operación, conservación y mejora de las rutas con financiamiento privado y cobro de peajes, sin subsidios operativos a cargo del Estado. Según el mensaje accompanying al Presupuesto 2027, el nuevo esquema busca reducir el gasto del Tesoro destinado al sostenimiento de estos corredores concesionados y liberar recursos para otras intervenciones que continúen bajo responsabilidad estatal.
Entre las novedades figura el artículo 67, que crea un paquete de incentivos fiscales para las empresas ganadoras de futuras licitaciones de concesiones de rutas nacionales. Entre los beneficios se contemplan amortización acelerada de inversiones, un tratamiento especial para el IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque contra otros impuestos y contribuciones. Asimismo, el proyecto incorpora a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al esquema, con la posibilidad de otorgar exenciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos.
El alcance de la medida trasciende el ejercicio 2027: el artículo 72 prevé incorporar estas disposiciones a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, de modo que el régimen no quede limitado al año en curso.
El artículo 67 alcanza a los titulares de contratos de concesión de obra pública correspondientes a licitaciones que se convoquen después de la publicación de la ley y que tengan por objeto rutas nacionales o nuevas obras de ampliación.
El paquete incluye, además, un componente que dependerá de las jurisdicciones provinciales. El proyecto invita a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a otorgar exenciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos relacionados con las actividades y contratos cubiertos por el régimen. La adhesión de las jurisdicciones es clave para el diseño previsto, ya que se establece como condición para acceder a los beneficios para los concesionarios.
La iniciativa llega en un contexto de avance de la Red Federal de Concesiones, que ya abarca más de 9.000 kilómetros.