La Justicia Federal de Río Grande ordenó la suspensión de las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación del proyecto Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas, hasta que se complete una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, afecta a las empresas Rockhopper y Navitas. Paralelamente, en Comodoro Py se abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En diálogo con Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y adelantó que buscan desentrañar la estructura financiera que sostiene el proyecto.
La acción combina aspectos ambientales y de soberanía. “Presentamos una tutela ambiental que reúne soberanía y ambiente”, señaló Viale al describir una presentación que, afirmó, fue elaborada durante varios meses.
El Sea Lion prevé iniciar producción en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El plan implica la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Para Viale, la magnitud del emprendimiento implica que no se trata solo de las petroleras: “Las empresas petroleras no operan solas, tienen bancos, aseguradoras, etc.”. En esa línea, la estrategia apunta a identificar a los diferentes actores que intervienen en la cadena económica del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas al desarrollo hasta que exista una evaluación ambiental. Según el abogado, esa medida permite avanzar en el fondo de la controversia al impedir que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.
Viale defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Explicó que uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.
La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.
Como siguiente paso, adelantó Viale, se pretende avanzar sobre los activos vinculados a las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que estamos preparando es el camino de los embargos”, afirmó.