La senadora y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró en la mañana de este jueves que desconocía los cambios que el gobierno de Javier Milei introdujo en el sistema de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de formar parte de la mesa política del oficialismo. Sus declaraciones recientes ponen de relieve una ruptura en la coordinación interna de la coalición gobernante en un momento clave para la aprobación del presupuesto.
En diálogo con Ignacio Ortelli para Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política y que el texto llegó al Congreso con modificaciones en discapacidad sin aviso previo a los socios de la coalición. Recalcó que no se enteraron y que, aunque no miente, la situación genera malestar: cuando aliados llegan al Congreso sin información, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición, lo que “resiente las relaciones”.
Asimismo, la dirigente reconoció la existencia de un acuerdo político en Diputados entre el oficialismo y sectores opositores para tratar la discapacidad de cierta manera, acuerdo que podría quedar en cuestión ante la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. En tanto, el Senado funciona como cámara revisora y, por ahora, debe esperar a ver el texto que pase desde la Cámara baja antes de fijar postura. Bullrich señaló que la discusión está “bastante peliaguda”.
Las repercusiones en la oposición fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y afirmó que el proyecto apunta a desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Por su parte, Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios emergen después de que La Libertad Avanza impulsó, junto a bloques afines, una iniciativa para tratar la emergencia sin revelar su contenido real.
El proyecto remitido al Congreso, en su Capítulo VI, comprende los artículos 36 a 41 y propone modificaciones estructurales al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre los cambios figura la derogación de varios apartados de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad) y modificaciones profundas a la Ley 24.901, que sostiene el sistema de prestaciones básicas desde 1997. El núcleo de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: ya no incluiría valores universales, lo que eliminaría los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias deberán negociar con sus coberturas el valor de terapias y tratamientos. Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, expresó, desde su experiencia, que la desregulación del nomenclador único resulta, en su visión, letal para el esquema existente.
La discusión sobre estos cambios continúa abierta y genera un claro reclamo de coordinación entre las distintas fuerzas que componen la coalición oficialista, mientras la Cámara alta espera definir su postura luego de revisar el texto que llegue desde la Cámara de Diputados.