La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo llevó al Congreso tras la disputa por las Islas Malvinas y el avance de la exploración petrolera en el Atlántico Sur, terminó configurando una reforma amplia del sistema de seguridad y defensa argentino. Aunque nació con foco en Malvinas, el texto fue ampliándose para abarcar aspectos de seguridad nacional en un marco mucho más integral.
Entre sus novedades destaca la imposición de penas de hasta 20 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales, así como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones para intervenir en temas económicos, diplomáticos, militares e de inteligencia. También incorpora un régimen de derribo, regula el uso de la fuerza sobre embarcaciones y establece un sistema nacional para la protección de infraestructura crítica. Además, redefine el concepto de Defensa Nacional y añade disposiciones penales relacionadas con la influencia de Estados y organizaciones extranjeras.
El origen político de la iniciativa se remonta a la cadena nacional que emitió Javier Milei el 3 de septiembre, en la que anunció un cambio de estrategia respecto de Malvinas y adelantó la remisión con carácter urgente de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Según ese anuncio, la normativa endurecería el marco contra empresas involucradas en operaciones no autorizadas, crearía un Consejo de Seguridad Nacional y fijaría nuevos marcos para la protección de infraestructura crítica y para la seguridad aeroespacial y marítima.
La elaboración del articulado contó con la participación de varios funcionarios: el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti, aportó especialmente en las áreas vinculadas a las Fuerzas Armadas y capacidades militares. El proyecto que finalmente ingresó al Congreso fue rubricado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Quirno, Presti y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La fundamentación oficial sostiene que la Seguridad Nacional no puede gestionarse a través de organismos aislados y que existen herramientas propias de un mundo que, según la visión oficial, ya no existe. Por ello, propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica bajo una conducción única.
1. Malvinas y un régimen más amplio para proteger recursos
El primer título de la propuesta se ocupa de Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y de los recursos naturales en esos territorios, sus aguas adyacentes y la Plataforma Continental Argentina. El proyecto sostiene que cualquier actividad de aprovechamiento de recursos, renovables o no renovables, en esas áreas requiere autorización de las autoridades argentinas. Este cambio adquiere especial relevancia frente a la normativa vigente y, de aprobarse, implicaría la derogación de la Ley 26.659.