Buenos Aires será el escenario durante tres días de una discusión que atraviesa a los gobiernos de toda Iberoamérica: cómo vigilar mejor al Estado para evitar que aparezcan problemas. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) convocará a organismos de control de más de una decena de países para el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se celebrará del 21 al 23 de septiembre en el Palacio Libertad.

El encuentro será encabezado por Alejandro Díaz, síndico general de la Nación, y contará con la participación de autoridades y especialistas de organismos de control de América Latina, España y Portugal, además de ministros y otros funcionarios del Gobierno nacional y representantes de organismos internacionales.

La discusión no es menor: los indicadores internacionales muestran que la región aún tiene un largo camino por recorrer en materia de integridad pública. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International situó el promedio mundial en 42 puntos sobre 100, aunque detrás de ese número hay realidades muy distintas. Entre los países iberoamericanos, Uruguay obtuvo 73 puntos; Chile, 63; Costa Rica, 56; Argentina, 36; Brasil, 35; Colombia, 37; Perú, 29; Bolivia, 28; México, 26 y Paraguay, 23.

El índice no mide la eficacia de los sistemas de control interno, pero sí ofrece una fotografía del contexto institucional en el que deben operar esos mecanismos. Y la conclusión es clara: la transparencia, la integridad y la capacidad de prevenir y detectar irregularidades siguen siendo desafíos centrales para los Estados de la región.

Por eso el control interno está cambiando. Ya no se trata únicamente de revisar expedientes, verificar procedimientos o detectar incumplimientos cuando la decisión ya está tomada. El nuevo enfoque busca identificar riesgos, anticipar desvíos, analizar información y generar alertas antes de que un problema termine dañando al Estado.

La tecnología está acelerando ese proceso. El análisis masivo de datos, las herramientas digitales y, más recientemente, la inteligencia artificial permiten pensar auditorías capaces de procesar volúmenes de información que hace poco parecían inabordables.

El desafío, eso sí, no es solo tecnológico. También es institucional. Argentina cuenta desde 1992 con un sistema de control interno delineado por la Ley 24.156. La norma convirtió a la SIGEN en el órgano rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y dio origen a una estructura de Unidades distribuidas para su operación.