El Departamento de Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) emitió este jueves un comunicado en el que rechaza las acusaciones y las sanciones de Argentina contra empresas que trabajan en las Islas Malvinas, al entenderlas sin fundamento jurídico y “inaceptables”. El texto llegó pocas horas después de que Buenos Aires diera a conocer los detalles de su proyecto de Ley de Soberanía Nacional, presentado al Congreso.
En el informe, la funcionaria Kumaran reiteró la postura histórica de Londres respecto del archipiélago: las Malvinas son territorio británico, sus pobladores deben poder explotar sus recursos naturales como lo estimen conveniente, y ese derecho forma parte de su autodeterminación. También señaló que, en las últimas semanas, Argentina ha seguido amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios a las islas, incluso dentro del sector hidrocarbúrico, y subrayó que los cargos contra esas firmas e personas carecen de base legal.
Kumaran recordó que Argentina ya ha recurrido a presiones económicas similares en el pasado contra isleños, pero enfatizó que la economía de las Malvinas continúa prosperando. Afirmó que el Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y que cualquier intento de politizar mecanismos internacionales para afectar a quienes hacen negocios con las islas es ilegítimo. Concluyó asegurando que existen grandes oportunidades para las empresas que operan en el archipiélago.
Esta postura se enmarca en una serie de movimientos iniciados el 15 de septiembre, cuando Londres difundió conjuntamente el documento titulado “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. La guía está dirigida a empresas que operan en el archipiélago o que suministran bienes y servicios directa o indirectamente, y establece la posición oficial del gobierno británico ante las acciones legales que Buenos Aires viene tomando contra firmas del sector hidrocarburífero.
El documento señala que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación interna no se aplica allí ni a las empresas que desarrollan actividades en ese territorio. Asimismo, advierte que no existe base jurídica para que tribunales fuera de Argentina hagan cumplir esas medidas. El gobierno británico añadió que ofrecería intervención directa para respaldar a subsidiarias o proveedores bajo presión en terceros países y señaló que, en ese marco, existen canales de apoyo para las firmas afectadas.