El debate sobre las Malvinas volvió a tomar impulso en torno a la defensa, la seguridad y las vías para sostener el reclamo de soberanía. A más de cuarenta años de la guerra de 1982, la realidad persiste: no hay una opción militar viable para recuperar el archipiélago, administrado por Gran Bretaña.
En ese marco, el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, sugirió revisar la estrategia. En diálogo con Infobae Al Amanecer, afirmó que la conducción militar de aquel entonces subestimó la respuesta británica y, también, la de Estados Unidos, y señaló que Argentina no contaba con un plan previo al estallido del conflicto.
La disputa entre Argentina y Gran Bretaña se remonta a décadas. En 1982, la dictadura argentina ocupó las islas y el Reino Unido respondió con una operación militar que culminó con la rendición argentina, el 14 de junio de ese año. Desde entonces, la reclamación de soberanía persiste, mientras Londres administra el territorio y se niega a negociar su transferencia.
Moreno Ocampo recordó que, en mayo de 1982, Gran Bretaña aceptó congelar la situación durante un año y establecer una administración de las Naciones Unidas, una salida que, en su criterio, podría haber evitado el desenlace bélico. Afirmó que Argentina tenía opciones mucho más eficaces que perder la guerra.
En su evaluación, una acción dirigida a dañar la infraestructura militar británica exigiría una inversión de miles de millones de dólares que, según su análisis, no cambiaría el resultado del conflicto: “Argentina puede gastar miles de millones y no va a ganar esa guerra”.
El jurista planteó que el debate sobre defensa debe partir de las necesidades más urgentes del país, con la seguridad interna ocupando una prioridad mayor que Malvinas, a las que ubicó en un segundo o tercer plano. Señaló problemáticas como el avance del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas, e insistió en que para investigar y juzgar estos delitos hacen falta tribunales independientes y la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones.
“Un proyecto de investigar y juzgar necesita justicia”, subrayó. Explicó que una sentencia argentina podría requerir reconocimiento en otros países para recuperar dinero o bienes fuera de nuestras fronteras, por lo que reforzar el sistema judicial es clave para que las sanciones tengan efecto.
Moreno Ocampo llevó ese razonamiento a las compañías que extraen petróleo cerca de las islas: Argentina puede dictar normas o promover investigaciones, pero esas medidas dependen de una Justicia capaz de avanzar sobre empresas y fondos que operan en el exterior.