El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional nació en un contexto de tensión por las Islas Malvinas y el avance de la exploración petrolera en el Atlántico Sur, pero, en su versión final, se convirtió en una reforma más amplia del esquema de seguridad y defensa del país. Entre sus pilares se destacan penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales; la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para intervenir en temas económicos, diplomáticos, militares e de inteligencia; la introducción de un régimen de derribo; la regulación del uso de la fuerza sobre embarcaciones; la instauración de un sistema nacional para la protección de infraestructura crítica; y una redefinición del concepto de Defensa Nacional, junto con nuevas restricciones y delitos vinculados a la influencia de Estados y organizaciones extranjeras.
Políticamente, la iniciativa nace de la cadena nacional que Javier Milei brindó el 3 de septiembre, cuando anunció un cambio de estrategia respecto de Malvinas y adelantó la remisión urgente de una ley destinada a endurecer el marco frente a operaciones no autorizadas de empresas, además de crear el Consejo de Seguridad Nacional y establecer marcos para la protección de infraestructuras críticas y de defensa aeroespacial y marítima.
Según pudo confirmar Infobae, en la redacción del texto participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Defensa, Carlos Presti, aportó ideas específicas sobre capítulos vinculados a las Fuerzas Armadas y capacidades militares. El proyecto, que ingresó al Congreso, está rubricado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Quirno, Presti y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La fundamentación oficial sostiene que la Seguridad Nacional no puede gestionarse a través de organismos aislados y afirma que existen “herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe”. A partir de esa premisa, propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica bajo una conducción común.
En cuanto al tratamiento de Malvinas, el primer título reafirma el reclamo argentino sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece que cualquier actividad orientada al aprovechamiento de recursos, renovables o no renovables, en esos territorios, sus zonas marítimas circundantes o la Plataforma Continental Argentina, requiere autorización de las autoridades argentinas. El texto prevé la derogación de la Ley 26.659, en caso de ser aprobado.