El plan presupuestario presentado por el gobierno de Javier Milei propone un cambio sustantivo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre las modificaciones figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cambios en capítulos históricos que llevan vigente más de 30 años.

Una de las medidas centrales es la reformulación del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Según el texto, ya no habrá valores universales de referencia; en la práctica, el listado de aranceles para obras sociales, prepagas y prestadores dejaría de estar vigente como marco único.

Otra pieza clave es el regreso a un esquema de pensión por invalidez. En este marco, contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no garantizaría automáticamente el acceso a prestaciones, y no sería suficiente si la persona tiene un empleo registrado.

La propuesta figura en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan elementos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican de forma permanente las leyes 13.478 (pensiones no contributivas por invalidez laboral) y 24.901 (sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad vigente desde 1997).

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, señaló que el nuevo texto elimina dos principios fundamentales: que los aranceles fueran iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado; y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. El proyecto, según Ferraro, introduce además que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles”.

La iniciativa sostiene formalmente la universalidad de la atención, pero desregula los aranceles obligatorios y las modalidades de financiamiento, sustituyéndolos por un “piso mínimo prestacional común” definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación. En la práctica, cada obra social o prepaga podrá fijar valores y decidir qué terapias cubrir, según lo indica el análisis opositor del texto.

Paralelamente, si el prestador es público, los aranceles de las prestaciones pasarían a fijarse de manera trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad. En esa vía, el Gobierno tomaría la decisión final sobre el marco de costos en el sector público.